Presentaron una denuncia por presunta corrupción en el gobierno uñaquista en la obra del Acueducto Gran Tulum

El abogado y dirigente de GEN en San Juan, Marcelo Arancibia, presentó la primera denuncia penal por presuntas maniobras ilícitas vinculadas a las contrataciones de la obra del Acueducto Gran Tulum, un escándalo que salpica la gestión del ex gobernador Sergio Uñac y la figura de su primo, Gustavo Monti. La denuncia formal fue dirigida al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Juan y recayó en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, buscando que el fiscal de turno la formalice para iniciar la investigación y que, posteriormente, se decida por turno qué juez de garantía intervendrá en el proceso.

El Acueducto Gran Tulum es un proyecto de infraestructura vital, cuyo objetivo es duplicar el abastecimiento de agua potable para todo el Gran San Juan. La obra fue financiada mediante un préstamo de 100 millones de dólares proveniente de un fondo kuwaití, dinero que la provincia comenzó a devolver en 2025 en cuotas mensuales a pagar durante dos décadas. Sin embargo, la obra no solo no está finalizada, sino que su calidad técnica está bajo profunda sospecha. Esta situación generó un perjuicio patrimonial a la provincia estimado en esa cifra millonaria en moneda estadounidense. El actual ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, confirmó hace poco públicamente que "la obra no estaría, pero los pagos sí están".
 
La denuncia de Arancibia se enfoca en investigar la posible comisión de múltiples delitos contra la administración pública y, sin dar nombres, apunta a hechos cometidos por funcionarios durante las gestiones 2015/2019 y 2019/2023. Entre los delitos que se buscan configurar se encuentran malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, tráfico de influencias, y defraudación al Estado.

Los actos de presunta corrupción se centran en el proceso de licitación para la provisión de las tuberías. La empresa adjudicataria fue Krah América Latina S.A., una firma que está vinculada a Gustavo Monti, primo hermano del ex gobernador Uñac. Aunque la denuncia no precisa a qué funcionario apunta, se solicita investigar la participación de eventuales familiares directos de ex funcionarios. Monti, dueño de PVC San Juan SRL, es un referente de la empresa Krah, fue relacionado con la compañía a través de investigaciones de Tiempo de San Juan que revelaron la existencia de una factura de su empresa a Krah por concepto de comisión y se lo mostró junto a directivos de la firma alemana en actos de licitación.

Alertas ignoradas y caños cuestionados
La denuncia subraya que la licitación para la provisión de tuberías habría estado presuntamente direccionada, ya que empresas competidoras señalaron que los pliegos se diseñaron para favorecer a Krah. Además, existieron alertas técnicas previas sobre la inferioridad de la calidad de los caños ofrecidos por Krah. General Plastic, otra de las empresas oferentes, advirtió a los administradores del fondo kuwaití que las tuberías de Krah eran "experimentales" y carecían del respaldo técnico suficiente para soportar la presión del acueducto. Pese a que Krah ofertó 14 millones de dólares por encima de la propuesta de General Plastic, y ofrecía caños más caros y con deficiencias estructurales, la adjudicación se concretó a su favor, lo que configuraría una grave violación de deberes funcionales y un sobreprecio en la contratación.

La denuncia se sustenta y ofrece como prueba una serie de publicaciones periodísticas de Tiempo de San Juan. Entre ellas se destacan las notas sobre las nuevas evidencias que conectan al primo de Uñac con la empresa Krah, y el informe que alertó al gobierno sobre las deficiencias en las tuberías. También se citan las declaraciones del Ministro Roberto Gutiérrez realizadas en Paren las Rotativas (TIEMPO Streaming). Arancibia solicitó además que, como parte de la investigación, se cite a Gutiérrez y a otros ingenieros y técnicos mencionados en las notas periodísticas.

Arancibia postula en su presentación urgencia para la investigación, directamente ligada a un plazo legal que afecta la posibilidad de enjuiciar a los ex funcionarios involucrados. Según se establece en la denuncia penal, el próximo 10 de diciembre se cumplen los dos años después de los cuales un ex funcionario no puede ser enjuiciado por el delito de enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, a partir de esa fecha límite, a esos ex funcionarios "no se les podrá reprochar nada por el incremento de su patrimonio". El Artículo 268 bis del Código Penal, mencionado en la denuncia, establece que un funcionario puede ser reprimido con prisión por el enriquecimiento patrimonial ilícito hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño.