El exintendente y exfuncionarios de Sarmiento, bajo sospecha por pagos irregulares a cooperativas por $212 millones

Forman parte de una batería de cargos que, en total, llegan a unos $230 millones. Están en plazo para presentar sus descargos y documentación para zafar de todo o en parte de las imputaciones.

San Juan09/06/2025INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRINFOVALLEFERTIL INNOVA CJR
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Sobre el final de la semana, salió a la luz que el Tribunal de Cuentas no le aprobó el ejercicio 2023 a la gestión del exintendente de Sarmiento, el peronista Mario “Cacho” Martín, debido a una serie de procedimientos administrativos presuntamente irregulares. Entre ellos, sobresalen los pagos a tres cooperativas de trabajo por poco más de 212 millones de pesos, en los que no está comprobado que se hayan prestado los servicios o tareas.

 Son solo tres cargos que formuló el organismo de control del gasto público, es decir, la imputación (sospecha) de un posible perjuicio patrimonial a las arcas municipales. Sucede que hay 11 más, aunque de menor cuantía, pero que elevan el total a unos 230 millones de pesos.

Los responsables señalados por el Tribunal son el exintendente y varios exfuncionarios, los que  ya han sido notificados y cuentan con el plazo para hacer su descargo y presentar toda la documentación para justificar las erogaciones. Si no lo hacen y la causa avanza hasta el final, deberán devolver la plata de sus bolsillos.

 El caso más oneroso tiene que ver con el desembolso de 107.800.000 pesos a las cooperativas de trabajo San Antonio 2, Virgen del Carmen y Sarmiento 2. Según figura en la causa, en todos los expedientes aparece una “nota de inicio” firmada por el entonces secretario de Gobierno, Diego Cortez (hoy concejal), en la que se solicita el pago en efectivo a cada una de las cooperativas.

Además, la resolución del organismo detalla que los expedientes cuentan con la certificación de la prestación de servicios, la que lleva la rúbrica de Cortez. Ahora, indican, entre otros puntos, que se libraron cheques a la orden del tesorero Daniel Villafañe, autorizado por decreto, pero el que los terminó cobrando en ventanilla del banco fue el subtesorero Sergio Monfort, salvo en un caso.

 En ese marco, reflejaron que “no existe documentación fehaciente que acredite la recepción del pago en efectivo del tesorero a las autoridades de la cooperativa que corresponda” por los respectivos montos.

 En el análisis del caso, los miembros del Tribunal consideraron que hubo pagos irregulares por parte de los exfuncionarios a los integrantes de las cooperativas, además de que no hubo una rendición documentada. De esa manera,  señalaron como responsables al exintendente Martín, a Cortez, al tesorero Villafañe, al subtesorero Monfort y al director de Hacienda Mario Ramírez.

 En el segundo cargo, el organismo de control llegó a la misma conclusión de una liquidación irregular, sin documentación respaldatoria, hacia las mismas cooperativas, sumado a que “no está acreditada la efectiva prestación del servicio”. El monto que quedó en la mira es de 61.050.000 pesos, mientras que fueron indicados como responsables los mismos exfuncionarios, aunque, en este caso, se agregó al contador Alberto Aguirre.

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Aquí también se detectó que hay “notas de inicio” en los expedientes sin ninguna firma, las facturas no están conformadas y el subtesorero retiró el dinero en efectivo en la mayoría de las situaciones, cuando el autorizado era el tesorero, entre algunas de las anomalías administrativas.

 En el tercer cargo, se pagó a las cooperativas San Antonio 2 y Sarmiento 2 a través de transferencias bancarias. En este caso, también se indicó que “todos los expedientes no tienen la certificación de la prestación del servicio”, indica la resolución. El monto bajo la lupa es de 43.770.000, mientras que fueron sindicados como responsables el exintendente, el exsecretario de Gobierno y los cuatro miembros del equipo contable.

Otra de las imputaciones tiene que ver con el pago triplicado del mismo expediente y el mismo certificado de obra, lo que habría un perjuicio patrimonial de 2.478.214 pesos. Luego, aparece el pago incorrecto de la antigüedad a una empleada y de los honorarios de dos psicólogas que tienen contratos con la comuna.

 También figura el pago de viáticos al ex director de Turismo, Matías Olivares, por 200 mil pesos para asistir a la Expo Región de Coquimbo, monto del que no hizo rendición ni hay constancia de que haya concurrido al evento, refleja la resolución.

 No fue el único caso. Se les abonó viáticos al presidente del legislativo David Mortensen, que recibió 235.483 pesos, y a los concejales Mauricio Cendón, Fernando Giménez y Bruno González, que percibieron 222.983 pesos, debido a que participaron en actividades en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, ninguno hizo una rendición de cuentas, indicó el Tribunal.

Entre los restantes cargos, aparece el pedido de una empresa de actualización de los gastos de la obra de la Plaza Dominguito, que el municipio autorizó su desembolso por 2.268.561 pesos, aunque en la resolución no figuraba la firma de ninguna autoridad. Además, en el expediente no se adjuntó el contrato que establezca la actualización por cualquier prestación.

 Por otro lado, se pagaron farolas y columnas de iluminación por 4.165.613 pesos, pero no hay constancia de que se hayan recibido los bienes, entre los principales cargos.

“Cacho” Martín gobernó Sarmiento durante ocho años (2015 – 2019 y 2019 – 2023), lo que significó una continuidad de gestiones peronistas. Sin embargo, hace dos años, la racha se cortó y el municipio hoy es conducido por el empresario Alfredo Castro, quien se había sumado a las filas del orreguismo.

 En ese contexto, el exintendente y los exfuncionarios cuentan con el plazo para presentar documentación y tratar de zafar de los cargos. Si no lo logran, el Tribunal los declarará responsables patrimonialmente de todos o algunos de las imputaciones. Si se diese esa resolución, pueden pedir una reconsideración ante el organismo y, si no les va bien, pueden apelar a la Corte de Justicia. En el caso de que llegasen a esa instancia y tuviesen un fallo en contra, Fiscalía de Estado estará en condiciones de ejecutarles por los montos que hipotéticamente quedasen firmes.

Fuente: 264Noticias 

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