Un sector de JxC recurre a la justicia ante una posible candidatura a gobernador de Uñac

Gustavo Fernández, presidente de Dignidad Ciudadana, partido miembro del Frente Juntos por el Cambio, anunció esta mañana  que interpondrá ante la Justicia provincial una Acción Declarativa de Certeza ante la posibilidad de que el gobernador Sergio Uñac, se presente al cargo de gobernador o vicegobernador en las próximas elecciones.

 El dirigente  estuvo acompañado de  Miguel Arancibia, de Republicanos Unidos y Facundo Guzmán, de Coalición Cívica. Aunque Fernández dijo que la presentación es compartida por todos los miembros de JxC, no se vio a los principales referentes siendo parte de la conferencia de prensa. 

“Uñac, no se encuentra habilitado para presentarse como candidato a los cargos de gobernador o vicegobernador en las próximas elecciones de 2023. La Constitución de la Provincia es clara y contundente en vedar dicha posibilidad. Ya que el art. 175 dispone que 'El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces' ”, dijo en conferencia de prensa.

En la acción Declarativa de Certeza, plantea Fernández que “también es muy claro que el artículo se refiere tanto a gobernador como a vicegobernador. De lo contrario, se daría el absurdo y el contrasentido que bastaría con que los dos integrantes de la fórmula se ubicasen en forma indistinta en los puestos de gobernador y vicegobernador para ser reelegidos en forma prácticamente indefinida. Por ello, de lo que se trata es de ser coherentes con el texto constitucional, que veda la posibilidad de la reelección indefinida”.

“La declaración de certeza que solicitamos tiende, precisamente, a poner orden y claridad respecto del próximo proceso eleccionario, a hacer cesar toda incertidumbre que pudiese existir en el seno de la sociedad y a exigir el respeto irrestricto de la norma constitucional, que no admite, ninguna otra interpretación, a pesar de los intentos persistentes de introducir una lectura forzada e ilegal de la norma, con el solo afán de la perpetuación en el poder, algo que ha fulminado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, concluyó.