Revocaron 229 planes de Potenciar Trabajo en San Juan

El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo investigan presuntas irregularidades cometidas en la concesión de 87.555 planes del programa Potenciar Trabajo que administra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. Esos planes estatales que hasta ahora pertenecían a beneficiarios “fantasmas”, fueron dados de baja por Tolosa Paz por no haber haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso a través de una resolución.

Acorde a la información oficial, estaban bajo la dependencia de gobernaciones, ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y federaciones de movimientos sociales. Ante una pregunta puntual de Infobae, se reconoció en el Gobierno que el supuesto fraude alcanzaría una cifra cercana a los $3.699.724.080 mensuales. Anualizado, la cifra asciende a $ 44.396.688.960 si se hubieran seguido pagando durante los restantes meses de 2023.

 Según los arquitectos consultados del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el dinero que se evitó derivar de manera presuntamente irregular, se podría construir por ejemplo, unas 300 viviendas mensuales de entre 50 y 78 metros cuadradas similares a las que se construyen para el programa Procrear. Es decir 3.600 casas en un año.

El monto que percibe cada beneficiario del Potenciar por realizar 20 horas de tareas semanales en las las Unidades de Gestión es, a valor actualizado, $42.256.

El ranking de las gobernaciones

De la documentación oficial a la que accedió Infobae se desprende que Victoria Tolosa Paz dio bajas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En total fueron 6.144 las personas que no pudieron justificar su pertenencia a una Unidad de Gestión. De no haber sido detectada el Gobierno seguiría destinando $259.620.864 mensuales; a supuestos beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan. El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución “2022-2035-APN-MDS” a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las Unidades de Gestión que, en palabras de Tolosa Paz, “podría haber demorado años”.

Según la página oficial de la cartera social: “Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar la participación de los inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria”.

La contraprestación obligatoria para los beneficiarios del programa que está bajo el área de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, puede ser cualquier actividad de la economía social y popular, enmarcada en: proyectos socio-productivos; proyectos socio-laborales o socio-comunitarios y terminalidad educativa.

El ranking de las provincias con mayor cantidad de bajas del Potenciar Trabajo lo encabeza la provincia de Buenos Aires, con 1.179 bajas; le sigue Santa Fe (684); y Jujuy (570). Luego, se encuentran Tucumán (525); y Chaco donde las bajas fueron de 454. Le sigue Misiones con 437 beneficiarios que no pudieron justificar su pertenencia al Potenciar Trabajo. En Santa Cruz, las bajas fueron 392.

En San Juan, las bajas fueron 229. La provincia de Ríos Negro, es la última con una cifra superior a doscientas personas que no validaron su identidad.

El resto, tal como se aprecia en la infografía elaborada por este medio en base a documentación judicial, están por debajo de esa cifra. Son las provincias de Salta, que tuvo 190 bajas “fantasmas” del Potenciar Trabajo. Le sigue CABA, con 167 bajas; en Córdoba, Desarrollo Social detectó la no validación de 161 personas. En Entre Ríos, las bajas fueron de 148; Santiago del Estero, fueron dados de baja 138 beneficiarios; otras 129 presuntas irregularidades fueron descubiertas en Corrientes y 106 en Catamarca.

Las diez provincias que restan, tuvieron bajas menores a los 100 beneficiarios. Son los casos de Mendoza (96); la Rioja (95); Chubut (79); Formosa (69); San Luis (44); Neuquén (26); La Pampa (15) y Tierra del Fuego (14).

Infobae consultó a varios gobernadores sobre las razones de estas bajas. La mayoría no respondió. Otros sí lo hicieron. Desde el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, confirmaron la información aportada por Tolosa Paz a la Justicia. En un extenso informe se asegura: “En la nómina mensual del mes de Mayo remitida mensualmente a esta Unidad de Gestión por parte de Ministerio de Desarrollo Social, se comprobó el impacto de las suspensiones que representan el 6% del total del padrón, como resultado de la validación, algunos de cuales reportan haber realizado la actualización fuera de termino que quedaría sujeta evaluación”.

Los funcionarios de Larroque consideraron “importante señalar algunas de las dificultades verificadas en el procedimiento de validación de datos”, como “la falta de accesibilidad a conectividad digital; dificultad en el manejo de la aplicación MI ARGENTINA e incompatibilidad de horarios con los puntos digitales establecidos por parte del Ministerio”, a cargo de Tolosa Paz.

Sobre ese punto, la ministra de Alberto Fernández afirmó que desplegó a lo largo de la provincia “operativos móviles para titulares del programa Potenciar Trabajo para facilitar la validación de identidad”. Y anunció: “Estamos trabajando junto con los estados municipales para seguir estando cerca de los y las titulares del Potenciar Trabajo, ayudando a completar los datos biométricos para validar su identidad, y que nadie tenga dudas de que la persona que forma parte del programa es la que está inscripta”.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, se mostraron sorprendidos por figurar en el listado judicial que la ex diputada nacional aportó a la Justicia Federal. “Nosotros no tenemos ejecución directa de ese programa”, le dijeron a Infobae desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore. Con recelo, y esperando que el expediente avance, desde la cartera porteña dijeron: “Estos planes, como el Potenciar Trabajo, pueden ser ejecutados por Unidades de Gobierno o a través de las organizaciones sociales”. Y afirmaron que “en CABA, el Gobierno de la Ciudad Autónoma no tiene ejecución con lo cual asumimos que hay que investigar a las organizaciones sociales con asiento en la Ciudad, que por lo general son oficialistas”.

Fuente: Infobae