Compró un iPhone de USD 1.330 y dejó de funcionar el mismo día: la Justicia condenó al comercio
Compró un celular de alta gama para regalarle a su madre, pero el equipo dejó de funcionar pocas horas después.
Tras reclamar sin obtener una solución, el comprador acudió a la Justicia y consiguió un fallo favorable: un comercio de telefonía de La Plata deberá devolverle los USD 1.330 que pagó por el dispositivo y abonar una multa de $2 millones por daño punitivo.
El caso se originó el 7 de agosto de 2024, cuando un joven de 24 años adquirió un iPhone 15 Pro Max en efectivo.
Según relató en la demanda, el teléfono fue revisado y encendido en el local antes de la entrega.
Sin embargo, después de transferir los datos y configurar las aplicaciones del equipo, el dispositivo se quedó sin batería y no volvió a encenderse cuando lo conectaron a la corriente.
Ante la falla, el comprador y su madre regresaron al comercio para solicitar una solución.
De acuerdo con su presentación judicial, los vendedores les pidieron dejar el aparato y volver unas tres horas después.
Al regresar, les informaron que no habían logrado repararlo y que debían enviarlo al servicio de garantía.
El cliente pidió que le devolvieran el dinero, pero aseguró que el comercio rechazó esa posibilidad.
También cuestionó la falta de una factura o un comprobante con información suficiente para iniciar un reclamo ante Defensa del Consumidor.
La garantía vencida, otro punto clave del reclamo
Uno de los aspectos centrales de la demanda fue la información que el comprador encontró al consultar el número de serie del dispositivo en el sitio oficial del fabricante.
Según sostuvo, el teléfono figuraba como activado con anterioridad y la garantía había vencido el 6 de agosto de 2024, un día antes de la compra.
Durante las comunicaciones posteriores, el comercio habría ofrecido alternativas de reparación y la posibilidad de entregar un equipo nuevo de otro color.
El comprador rechazó esta última opción porque pretendía recibir un teléfono de las mismas características que el adquirido originalmente.
Por su parte, la empresa demandada negó la operación comercial, la falla denunciada y la autenticidad de los correos electrónicos presentados como prueba.
También cuestionó los daños reclamados por el cliente.
El peritaje que resultó decisivo
La jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 23 de La Plata analizó el caso a la luz de las normas de protección al consumidor.
Para resolver la controversia, tuvo especial relevancia un peritaje informático que examinó los correos electrónicos intercambiados entre las partes.
El especialista concluyó que los mensajes coincidían con la documentación digital presentada por el demandante y que existían elementos suficientes para validar su autenticidad e integridad.
A partir de esas pruebas, el juzgado consideró acreditadas la relación comercial, la compra del teléfono, el pago en efectivo y la condición de consumidor del reclamante.
En consecuencia, ordenó al comercio restituir los USD 1.330, con intereses calculados desde el 7 de agosto de 2024.
Una multa de $2 millones y otros reclamos rechazados
Además de la devolución del dinero, la sentencia impuso una sanción de $2 millones por daño punitivo.
La magistrada consideró que el comercio mostró una disposición insuficiente para brindar una respuesta adecuada frente a la falla denunciada, lo que obligó al comprador a recurrir a la Justicia.
Sin embargo, el fallo no hizo lugar a todos los pedidos de indemnización.
Fueron rechazados los reclamos por gastos de telefonía, traslados, otros daños y la supuesta pérdida de valor de un celular anterior, debido a la falta de pruebas específicas que acreditaran esos perjuicios.
Tampoco prosperó el pedido por daño moral. La jueza entendió que no se había demostrado una afectación personal de suficiente entidad como para justificar una compensación económica adicional.
La condena establece que el comercio deberá pagar los USD 1.330, más los intereses correspondientes, y los $2 millones por daño punitivo dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme.
Las costas del proceso también quedaron a cargo de la empresa demandada.