Desalojaron una vivienda del IPV y detuvieron al ocupante

Un desalojo judicial en el barrio Pismanta 2, de Jáchal, terminó este jueves con la detención de un hombre y con cuestionamientos de su familia por la forma en que se desarrolló el procedimiento. La medida se ejecutó sobre una vivienda cuya adjudicación había sido revocada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

El operativo respondió a una demanda promovida por Fiscalía de Estado en representación del organismo habitacional. Durante la intervención estuvo presente la abogada Carina del Castillo, en nombre de la representación estatal, según se informó en el caso. La ejecución de la medida se produjo en el marco de un conflicto que, de acuerdo con los antecedentes mencionados, llevaba alrededor de cuatro años en la Justicia.

Antecedentes del caso

El origen de la disputa se remonta a la adjudicación de la casa a una mujer que falleció sin dejar hijos. Después, el IPV habría revocado la tenencia del inmueble, decisión que derivó en el reclamo judicial para recuperar la propiedad. Durante el desalojo, el hombre que residía en la vivienda habría resistido el accionar de las autoridades, por lo que intervino la Policía y quedó detenido.

La versión familiar

Los allegados del ocupante cuestionaron el procedimiento y señalaron que había una historia familiar detrás de la ocupación. Según esa versión, la vivienda estaría vinculada con una sucesión relacionada con un tío del joven y, aunque la adjudicación definitiva no estaba a su nombre, se habrían realizado pagos y trámites para regularizar la situación. La suegra del hombre dijo al programa Uno Nunca Sabe, de Radio 10, que “a mi yerno se lo llevan detenido” y sostuvo que la familia venía realizando consultas y presentaciones desde hacía aproximadamente tres años.

En ese mismo contacto radial, la mujer afirmó que hubo intervención del abogado Franklin Sánchez y mencionó un escrito que, según indicó, fue presentado el pasado 16 de septiembre. También expresó preocupación por su hija y por su nieto de dos años. Esos planteos no frenaron la ejecución del desalojo, que avanzó pese a los reclamos familiares.

El caso dejó dos posiciones contrapuestas: la del Estado, que buscó recuperar una vivienda con adjudicación revocada, y la de la familia, que asegura haber intentado regularizar la situación durante años. El dato a seguir es la situación procesal del hombre detenido y la evolución de cualquier presentación judicial posterior vinculada con la tenencia del inmueble.