El IPV revocó ocho adjudicaciones de viviendas en San Juan: los barrios alcanzados por la medida
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan dispuso revocar ocho adjudicaciones de viviendas y dejar sin efecto los beneficios habitacionales vinculados a esos inmuebles. La medida fue comunicada oficialmente a través del Boletín Oficial del pasado martes y alcanza a titulares de casas ubicadas en distintos barrios de la provincia.
De acuerdo con la notificación, el organismo resolvió revocar las adjudicaciones en venta y dejar sin efecto el otorgamiento de asistencia financiera, las autorizaciones para habitar, los comodatos y las actas de tenencia precaria, según corresponda en cada expediente.
El fundamento de la decisión es el presunto incumplimiento de las causales contempladas en la Ley Provincial N.º 196-A, conforme a las constancias que obran en las respectivas actuaciones administrativas.
Cuáles son los barrios alcanzados por la resolución del IPV
El listado publicado incluye ocho expedientes correspondientes a viviendas de diferentes barrios y conjuntos habitacionales: Albardón – Conjunto 1, Ceramista II, Barrio SUTIAGYF, Caucete – Área III, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.
Las resoluciones identificadas en la publicación oficial llevan los números 004410-IPV-2026, 004103-IPV-2026, 004545-IPV-2026, 004683-IPV-2026, 004684-IPV-2026, 3812-IPV-2026, 3986-IPV-2026 y 4634-IPV-2026.
Qué establece la Ley 196-A sobre las viviendas del IPV
La Ley Provincial 196-A contempla las condiciones de adjudicación, uso y conservación de las viviendas sociales. Entre las disposiciones que regulan estos beneficios se encuentran las obligaciones de los adjudicatarios y las causales que pueden derivar en la revocación de una adjudicación o la pérdida del beneficio habitacional.
Entre los motivos previstos por la normativa se encuentran la presentación de datos falsos en las declaraciones, las transferencias no autorizadas de las viviendas y la falta de pago de tres o más cuotas consecutivas.
La publicación del IPV no especifica cuál fue la causal particular que se aplicó en cada uno de los ocho expedientes. Sí señala que las decisiones fueron adoptadas por las circunstancias registradas en las actuaciones administrativas correspondientes.
De esta manera, la notificación oficial deja sin efecto los derechos y autorizaciones habitacionales mencionados para los inmuebles incluidos en el listado, en el marco de las disposiciones previstas por la legislación provincial.