Anularon lo actuado y la causa Acueducto Gran Tulum vuelve a foja cero

La jueza Mónica Lucero anuló todo lo actuado desde el 13 de octubre. La formalización no se concretó y las 11 personas citadas no quedaron imputadas.

La jueza Mónica Lucero anuló este martes todo lo actuado desde el 13 de octubre en la causa Acueducto Gran Tulum, por lo que la investigación volvió al punto previo a la audiencia de formalización. La decisión dejó sin efecto los actos procesales realizados desde esa fecha y, en consecuencia, las 11 personas citadas todavía no quedaron formalmente imputadas. El expediente seguirá sujeto a la resolución de la recusación planteada contra la magistrada.

La medida impacta en una investigación que, según los planteos de fiscalía, debía avanzar hacia la imputación de exfuncionarios y directivos vinculados con la megaobra hídrica. Entre los señalados figuran el exgobernador Sergio Uñac, actual senador; Julio Ortiz Andino, entonces ministro de Infraestructura y Servicios Públicos; y el diputado nacional Cristian Andino, quien fue presidente de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado). También aparecen exautoridades de ese organismo y representantes de la empresa proveedora de caños involucrada en la causa.

Qué resolvió el procedimiento
Ahora, las partes aguardan la intervención del Tribunal de Impugnación, que deberá resolver la recusación. Si ese tribunal confirma a Lucero al frente del expediente, la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria deberá realizarse nuevamente. Si, en cambio, decide apartarla, la causa pasará al juez que corresponda según el orden de subrogancia. Hasta tanto no se defina ese punto, el proceso permanece sin una imputación formal.

La recusación fue presentada por Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, representados por el abogado Nasser Uzair. Ambos exfuncionarios sostuvieron su planteo en una denuncia penal contra la jueza, con el argumento de que no podía seguir interviniendo en una causa en la que ellos están investigados. El Código Procesal Penal de San Juan establece que una denuncia contra el juez solo puede fundar una recusación si es anterior al inicio del proceso, un requisito que no se habría cumplido en este caso.

Según consta en el expediente, el 13 de octubre de 2026 la jueza respondió que no compartía esos argumentos y que continuaría a cargo de la causa. Sin embargo, esa respuesta no fue remitida al Tribunal de Impugnación, como exige el procedimiento. Esa omisión fue uno de los fundamentos utilizados por las defensas para pedir la nulidad absoluta de lo actuado desde entonces.

Tras la resolución, Uzair sostuvo que existen cuestiones “erróneas” y anticipó que evaluarán una apelación cuando conozcan los fundamentos completos. También cuestionó la fecha de la nulidad y afirmó: “La nulidad debe partir de otra fecha y no del 13 de octubre”. El próximo paso procesal dependerá de la decisión del tribunal superior sobre la recusación y de los fundamentos que sostengan la nulidad dispuesta por la jueza.