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A horas de conocerse la resolución judicial que le permitió a la Provincia recuperar una vivienda porque los adjudicatarios decidieron alquilarla de manera ilegal, la subdirectora del IPV, Daniela Cangialosi, habló en Primera Edición y contó detalles del operativo que debieron llevar acabo desde las oficinas del Centro Cívico.
La funcionaria explicó que el procedimiento debe ser el mismo para todos los casos y que, si bien muchas veces se convierte engorroso por los procesos establecidos, luego de la denuncia, el expediente comienza a tomar forma. "Cuando recibimos la denuncia se hace una visita social y luego se eleva a la fase legal. Lo que sucede es que las resoluciones son revocadas y eso hace que los procesos se retarden", explicó.
En este caso, tras una denuncia anónima se inspeccionó la vivienda señalada y luego, mediante un informe, IPV ordenó el desalojo de la familia que vivía en la vivienda adjudicada. Como hicieron caso omiso, el proceso llegó a la vía judicial y se produjo el desalojo.
Es importante aclarar que tener el derecho sobre el inmueble que adjudica la Provincia, tiene que estar cancelado y escriturado. De otra manera, tanto el locador como el locatario caen en una falta grave. Es por eso que el locatario interesado en alquilar una vivienda para su familia debe ratificar que el locador sea propietario definitivo de la casa que ofrece en alquiler.
"Ahora pueden hacer la denuncia por la página del IPV sin necesidad de asistir al Cívico", explicó Cangialosi.
"Actualmente, nos encontramos con bastantes expedientes en análisis y hemos sumado personal para que administrativamente tengamos controlada la situación. La denuncia es muy importante, porque a partir de eso el IPV realiza relevamientos, pero con la cantidad de barrios que ha entregado a lo largo de la historia, es muy difícil que esto suceda sin una denuncia concreta previa", añadió.
