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Sandy Martínez reside en la ciudad de Lantana, en Florida, Estados Unidos. Hace poco un juzgado de la zona rechazó su intento de ponerle fin a una demanda que enfrenta por una multa. Ahora la mujer tiene que pagar más de 15 millones de pesos por estacionar su auto en su casa. La infracción se desglosa en varias: grietas en el camino de entrada, una cerca dañada por la tormenta y automóviles estacionados en su propiedad de una manera “no aprobada”.
La realidad es que en la familia de Sandy, todos los miembros tienen un auto para llegar a sus trabajos. El espacio enfrente de la casa no es el suficiente para que todos estacionen de manera correcta y es por eso que cuando los cuatro autos están parqueados, dos de ellos sobrepasan los límites de la entrada pisando el césped y la vereda.
Desde la defensa de Martínez dicen que la ciudad está violando la constitución estatal que impide la imposición de multas excesivas y que su caso representa lo que se llama “impuestos por citación”. Esa práctica se conoce como la aplicación del código penal para recuadrar dinero rápido en vez de usarlo para proteger a la ciudadanía.
“Lugares como Lantana imponen rutinariamente multas abrumadoras contra los residentes por infracciones menores al código”, dice Ari Bargil, el abogado del Instituto de Justicia. “Es hora de que los tribunales de Florida dejen en claro que las ciudades no pueden multar a las personas y dejarlas en la pobreza por infracciones triviales”.
