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Luego de que el Poder Ejecutivo delegara en la Jefatura de Gabinete la posibilidad de intervenir los medios públicos, el Gobierno de Javier Milei, en línea con sus promesas de campaña, intervino por un año Radio Nacional, Télam, TV Pública y otros medios públicos con el fin de realizar una auditoría. Fue a través de un decreto firmado por el Presidente y plasmado en las últimas horas en el Boletín Oficial.
De esta manera, el Gobierno allana el camino hacia la privatización de los medios en manos del Estado.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno dispuso la intervención de Edu.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
Luego de ganar el balotaje frente a Sergio Massa, Milei había ratificado su expresa voluntad de privatizar estas empresas, a las que llegó a definir como “un mecanismo de propaganda”, sobre todo la TV Pública, bajo su lema “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.
El objetivo de esta intervención, según el oficialismo, tiene varios ejes; entre ellos, “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”.
Además, el Gobierno será el encargado de “presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto es Diego Sebastián Mariassi, aunque funcionarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, comandado por Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una única vez.
Una disposición publicada en el Boletín Oficial (BO) estableció que la Secretaría de Medios de Comunicación pasara a cargo del portavoz Manuel Adorni, hasta ese momento bajo la órbita de Eduardo Serenellini, secretario de Medios.
Serenellini, entonces, quedó vacío de poder y sólo se quedó con la Subsecretaría de Prensa, aunque sólo en lo formal, ya que ese área está en manos de Javier Lanari, hombre que responde a Adorni, quien mantiene fuertes diferencias con Serenellini.
Como resultado, Adorni, al igual que Posse, suman poder en el esquema interno del Gobierno, en el área de medios.
La ley ómnibus, que obtuvo el viernes la aprobación en general en Diputados, contiene un listado de empresas públicas factibles de ser vendidas: todos estos medios públicos se encuentran en la lista.
Asimismo, durante diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del Jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”. Es así cómo el Gobierno comenzó a allanar el camino hacia la privatización, tal como prometió Milei.
