INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRUna ortopedia de San Juan quedó alcanzada por una investigación judicial tras sufrir una estafa bancaria por casi $200 millones en menos de 48 horas. Según la causa, desconocidos ingresaron a la cuenta de la empresa y realizaron cerca de 30 transferencias en un lapso muy breve. La pesquisa quedó a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que intenta establecer quiénes intervinieron, a dónde fue a parar el dinero y si existe margen para recuperar parte de los fondos.
El episodio, de acuerdo con la reconstrucción preliminar, habría comenzado con una gestión bancaria que uno de los responsables de la ortopedia intentó resolver por teléfono. Para eso, buscó un número de la entidad en Google y, tras cortar la primera comunicación, recibió un nuevo llamado que derivó en la maniobra investigada. Los autores se habrían presentado como personal vinculado al banco y le comunicaron que existía un problema de seguridad en la cuenta.
En esa secuencia, y bajo el argumento de proteger el dinero o verificar movimientos sospechosos, la víctima siguió una serie de indicaciones que terminó facilitando el acceso a las credenciales de la empresa. Con esos datos, los estafadores ingresaron a la cuenta y activaron una catarata de operaciones. Las transferencias registradas tuvieron montos individuales de entre $1 millón y $10 millones, según la información incorporada al expediente.
Seguimiento del dinero
La fiscalía puso el foco, además, en el recorrido posterior de los fondos. La pesquisa preliminar indica que el dinero fue enviado a distintas cuentas intermediarias y que luego podría haber pasado a billeteras virtuales o a circuitos vinculados con criptomonedas. Ese derrotero complica el rastreo, porque cada transferencia abre nuevos movimientos y dificulta la identificación del destino final de los recursos.
Desde la UFI de Delitos Informáticos y Estafas se dispusieron medidas para bloquear algunas de las cuentas receptoras. Sin embargo, la denuncia no se presentó de inmediato después de las operaciones y, para cuando se activaron las medidas judiciales, parte del dinero ya podría haberse desplazado a otros destinos. En ese marco, la fiscalía también analiza el volumen de transferencias ejecutadas desde la cuenta de la empresa y el funcionamiento de los mecanismos de alerta de las entidades financieras ante movimientos inusuales.
Una modalidad reiterada
La investigación se inscribe en una modalidad de estafa que comienza fuera de la aplicación bancaria y apunta a obtener claves o datos de acceso de las víctimas. Por ese motivo, desde la fiscalía remarcaron la necesidad de no buscar teléfonos de bancos en Google para resolver trámites urgentes y de usar únicamente los canales oficiales que figuran dentro de la propia aplicación, en una tarjeta o en documentación entregada por la entidad. El expediente sigue abierto y el próximo paso es reconstruir el circuito completo de los casi $200 millones para identificar responsables y determinar qué parte del dinero puede ser recuperada.
