INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRUna denuncia por presuntas agresiones dentro del Penal de Chimbas puso en revisión las condiciones de custodia de Roque Ramón Escudero, condenado a prisión perpetua por el asesinato del empresario Antonio González, ocurrido en julio de 2011. La presentación sostiene que el interno habría sufrido golpes, amenazas y problemas de salud mientras permanecía alojado en sectores de máxima seguridad. El planteo llegó a la Justicia mediante un hábeas corpus correctivo, una acción destinada a reparar condiciones de detención que afecten derechos básicos de una persona privada de libertad.
La presentación judicial fue impulsada por el abogado Leonardo Miranda, quien pidió medidas urgentes para resguardar la integridad física de su defendido. El planteo fue rechazado por el juez Alberto Caballero, que dispuso remitir las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales para investigar los hechos denunciados. La decisión no cerró la discusión sobre lo ocurrido, pero sí trasladó la cuestión al ámbito penal para determinar si existieron vejaciones o apremios ilegales.
Los hechos denunciados ubican un primer traslado el 9 de junio de 2026, desde el pabellón 1, sector 2, hacia el pabellón 2, destinado a internos de máxima seguridad. Según la defensa, las autoridades penitenciarias justificaron ese cambio por razones de resguardo ante un supuesto riesgo para su vida. Después de ese movimiento, Escudero habría sido golpeado por agentes penitenciarios y presentado hematomas en distintas partes del cuerpo, además de haber pedido atención médica y traslado a un hospital público.
La presentación agrega que, antes de la visita del 6 de octubre, su pareja, identificada como Lozano, lo habría encontrado con hematomas importantes, sobre todo en la parte superior del cuerpo. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, el interno le habría dicho que volvió a ser agredido junto con otros reclusos. A eso se sumó un cuadro médico que la defensa describió como dolor al orinar y presencia de sangre en la orina, síntomas por los que una médica del Servicio Penitenciario habría anticipado estudios.
La respuesta judicial incluyó la orden de una revisión médica inmediata y la posibilidad de traslado a un hospital público si el criterio profesional lo justificaba. Al mismo tiempo, el juez entendió que los hechos denunciados debían ser investigados por el Ministerio Público Fiscal como presuntos delitos autónomos, sin que eso implicara validar o desestimar lo relatado por la defensa. Miranda cuestionó esa vía por considerarla insuficiente para una protección urgente y pidió un examen independiente, a cargo del Cuerpo Médico Forense o de especialistas externos, además de preservar las cámaras de seguridad y habilitar una audiencia reservada.
Escudero fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Antonio González, empresario y campeón de patín carrera, ocurrido el 1 de julio de 2011 en sus oficinas comerciales de avenida Libertador, en Capital. En un primer momento, el hecho fue presentado como un intento de asalto, pero la investigación judicial concluyó que se trató de un homicidio por encargo. En 2014, la Sala I de la Cámara Penal lo condenó como autor material del crimen. Ahora, la causa abierta por las presuntas agresiones deberá avanzar en la fiscalía mientras sigue vigente la orden de revisión médica dispuesta por el tribunal.
