INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa Cámara de Diputados de San Juan aprobó una modificación a la llamada “ley de chatarra” que habilita al Gobierno provincial a subastar autos, motos y camionetas secuestrados. La medida alcanza a vehículos que puedan volver a circular o a unidades cuyas piezas todavía sirvan.
La iniciativa suma cuatro artículos a la Ley 1810-A, que regula la disposición final de bienes muebles peligrosos. Con este cambio, el Ministerio de Gobierno podrá impulsar subastas públicas de rodados que hoy siguen en depósitos judiciales, como el predio ubicado en el departamento 9 de Julio.
La norma prevé dos caminos para esas unidades. Por un lado, rematar los vehículos que estén en condiciones de ser reparados y recuperados. Por otro, vender aquellos que no puedan utilizarse completos, pero sí como fuente de autopartes.
La idea es bajar la acumulación de movilidades retenidas y generar recursos para el Estado. La compactación y transformación en bloques de chatarra seguirá siendo otra de las opciones contempladas por la legislación.
Ahora resta la reglamentación del Poder Ejecutivo provincial, que definirá cómo se harán las subastas. La ley, de todos modos, exige publicidad en los llamados, transparencia en el proceso y participación de personas físicas y jurídicas interesadas en ofertar.
Los fondos que se obtengan por la venta de vehículos y por la chatarra podrán destinarse a obras de infraestructura social, sanitaria, educativa y ambiental, tanto en la provincia como en los municipios. También podrán financiar campañas de educación ambiental, programas sociales y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.
Para el control, el Ministerio de Gobierno deberá llevar un registro y presentar una rendición pública anual sobre el destino del dinero. Por ahora, no se informó una fecha concreta para la reglamentación.
