Una investigación puso en jaque a siete trabajadores sanjuaninos, quienes, en principio, vulneraron la confianza de la empresa y del Ministerio de Turismo realizando maniobras delictivas para estafar al órgano gubernamental por la cifra de, al menos, cinco millones de pesos.

 El dato fue confirmado este viernes por el fiscal de la causa, Renato Roca, en diálogo con El Dedo en la Llaga, de AM 1020. El funcionario judicial determinó que estas personas que hoy están bajo la lupa de la Justicia pertenecen: seis de ellos a una estación de servicio y el otro era el jefe de movilidades de Turismo.

El terrible entramado delictivo consistía en que el encargado de las movilidades actuaba en connivencia con los playeros de la estación de servicio. Había tres modalidades. El encargado de Turismo iba con una tarjeta a reponer combustible, pero no eran vehículos pertenecientes a la repartición, o emitían factura por nafta Infinia cuando en realidad le colocaban Súper, o pagaban con tarjeta operaciones de otros clientes a cambio de quedarse con el efectivo y repartirlo entre los partícipes.

 Roca confirmó que hubo dos denuncias coincidentes en el tiempo. Por un lado, estuvo la del representante legal de la estación de servicio y por otro la de Claudia Grynszpan, ministra del área.  

La maniobra fraudulenta fue descubierta por la empresa, ya que según el fiscal tenían un sistema "bastante aceitado". El mismo consiste en un posnet que funciona como una tarjeta de crédito en donde están asignadas cada una de las movilidades y el detalle de lo que allí se les carga. Los número debían coincidir, aunque una auditoría determinó que no. Esto lo detectó el área de Tesorería.

 El fiscal precisó que de la investigación se desprende que hubo días en donde el encargado de las movilidades de Turismo realizaba varias cargas que no coincidían con la movilidad establecida. "A partir de la sospecha se genera una auditoría que concluyó con el despido de seis empleados y un sumario al empleado del ministerio", relató.

 Roca mencionó que restan algunos detalles para agregar al expediente, pero es clave lo que se hizo hasta el momento. El delito que se investiga es el de defraudación al Estado. La figura tiene una pena que va entre los dos a seis años de prisión. "Las operaciones comenzaron hace mucho tiempo, hubo un despido en el medio", concluyó.

Fuente: TELESOL