Polémica: El Gobierno autorizó la instalación de un radar británico en Tierra del Fuego
A sólo 700 kilómetros de las Islas Malvinas, la empresa inglesa Leolabs está habilitada para monitorear movimientos militares argentinos.
En el país donde los que nos representan se muestran conmovidos cada 2 de abril, y donde la soberanía nacional se supone es una cuestión de estado, ocurrió un hecho insólito que no vas a poder creer.
Al sur, en el corazón de la Isla de Tierra del Fuego y a solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas, permitieron la instalación de un radar británico que puede ser usado con fines militares, poniendo en peligro la seguridad nacional. Sí, así como lo escuchaste, un radar inglés en suelo argentino. ¿Cómo fue que pasó? ¿Quiénes lo autorizaron? ¿Qué riesgos corre la Argentina?
Leolabs es la empresa privada dedicada a la tecnología espacial protagonista de esta historia que no deja de asombrar. Con sede en Londres, Reino Unido, afirma brindar información y soluciones tanto en el ámbito civil como militar a compañías y gobiernos de todo el planeta. Con radares instalados en lugares estratégicos, ofrece entre otros servicios, “monitorear la basura que flota en el espacio”. Y con esa excusa, pusieron un pie en la Argentina.
Primero fundaron una empresa subsidiaria, Leolabs Argentina SRL, con sede en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Y en noviembre de 2022, la subsecretaría de comunicaciones dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, autorizó a Leolabs a construir un radar en territorio nacional. Se sumaron después distintos avales provinciales y en pocos meses, el radar empezó a funcionar en Tolhuin, corazón de la Isla de Tierra del Fuego y a solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas.
Esto provocó el reclamo urgente de numerosos grupos de excombatientes que se manifestaron en el ingreso a la estancia “el relincho”, lugar donde está funcionando el radar.
Con la evidencia contundente de tener un radar ingles apto para uso militar en nuestro propio territorio, el Ministerio de Defensa emitió una resolución que no deja lugar a dudas: el radar representa una amenaza a la seguridad nacional, ya que es apto para monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar, interceptar datos y observar objetos terrestres, marítimos o detectar aeronaves.
Con esta información fuimos a buscar respuestas a la sede argentina de Leolabs. Y también fuimos a buscar a Pablo Bilbao, representante legal de la empresa en la Argentina, un abogado asesor de la diputada nacional por Tierra del Fuego Mabel Caparrós.
El Ministerio de Defensa solicitó la cancelación y suspensión definitiva del radar pero nadie se hace cargo. Mientras tanto, sigue funcionando y enviando información potencialmente sensible para los intereses del país a destinatarios de los cuales nada se sabe, vulnerando sensiblemente la soberanía y la seguridad nacional.
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