El pasado miércoles la Legislatura Mendoza convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que busca, por un lado, concientizar sobre la problemática de los accidentes viales ocasionados por el alcohol y, por otro, recuperar parte de los fondos destinados a la atención de las personas accidentadas en la Provincia de Mendoza.

El alcohol al volante es un flagelo que ocasiona accidentes casi a diario, muchas veces fatales. De hecho, días atrás la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, brindó datos sobre la incidencia de esto, y subrayó la necesidad de reformas legales para abordar esta problemática y fortalecer las consecuencias para quienes cometan infracciones graves en la vía pública.

"El 93% de los ingresos a alcaidías en la provincia de Mendoza es por la infracción del artículo 67 bis, es decir, debido a la conducta de alcoholemia de más de un gramo al volante, para que tengan una idea de cómo nos manejamos en la vía pública", dijo Rus para cuantificar esta problemática.

Frente a esto, el gobernador Alfredo Cornejo elevó un proyecto de ley dentro del Plan Provincial de Salud, que busca fortalecer un sistema con cada vez más demanda, producto de la crisis económica.

Por eso, pretende recuperar parte del dinero destinado a la atención de personas que sufrieron un accidente de tránsito manejando bajo los efectos del alcohol. En el Gobierno entienden que este gasto podría evitarse si se tomara conciencia sobre el potencial peligro que representa esa conducta.

En promedio, se calcula que la atención a cada herido en un accidente vial cuesta unos 15 millones de pesos, con una asistencia media de entre 10 y 12 días de internación y una intervención quirúrgica.

Precisamente, lo que establece esta ley -la última que quedaba pendiente del Plan de Salud- es que si se comprueba que el accidentado manejaba con más de 0,5 gramos por litro de sangre, requiera atención hospitalaria, pero no tenga obra social, tendrá que pagarla. Lo mismo regirá si la persona estaba bajo los efectos de estupefacientes.

De esta manera, se creará el Fondo para la Recuperación y Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Provincia (Reforsal) para que los gastos incurridos por irresponsabilidades sean asumidos por los infractores. Así, el Ministerio de Salud será el encargado de cobrar o recuperar las prestaciones de salud realizadas en beneficio del conductor infractor.

El proyecto de ley faculta al Ministerio de Salud y Deportes, a través del ente creado por la Ley Nº 9535, a recuperar los costos de las prestaciones de salud brindadas a aquellos conductores que, violando las prohibiciones establecidas en la ley 9024, incurren en accidentes de tránsito.

Además, el proyecto enfatiza la necesidad de concienciación y el cumplimiento de las normas para garantizar una convivencia social saludable y sostenible. "Los recursos recuperados podrán ser reinvertidos en el sistema de salud, beneficiando a toda la comunidad y mejorando la calidad de los servicios de salud pública", fundamenta.