Topper lleva a San Juan a la Corte Suprema por un viejo impuesto: podría marcar un precedente millonario

La histórica firma textil Topper, que operó bajo la razón social Alpargatas S.A.I.C. y hoy mantiene su planta en Tucumán, abrió un frente judicial contra la provincia de San Juan por una disputa tributaria que ya escaló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El núcleo del conflicto gira en torno al Impuesto sobre los Ingresos Brutos que la empresa debió abonar entre julio de 2013 y junio de 2018. Según la compañía, esos pagos fueron realizados bajo un esquema que violaba principios constitucionales, ya que fijaba alícuotas más elevadas para firmas que no tenían instalaciones productivas en suelo sanjuanino. La demanda exige que el gobierno provincial reintegre lo abonado durante ese período, más intereses.

 Aunque el monto inicial del reclamo es inferior a $1,5 millones, fuentes judiciales estiman que el total ajustado podría acercarse a los $10 millones. Pero el verdadero riesgo para la administración sanjuanina no es económico, sino político y jurídico: si Topper obtiene un fallo favorable, otras grandes empresas podrían iniciar acciones similares y exigir devoluciones por cifras significativamente más altas.

Una disputa con historia
El planteo de Topper se apoya en el mismo criterio que la Corte Suprema utilizó el año pasado al fallar a favor de Cervecería Quilmes, en una causa casi idéntica. En aquel caso, el máximo tribunal consideró inconstitucional un artículo del Código Tributario de San Juan por imponer un trato desigual entre industrias locales y foráneas. La resolución obligó a la provincia a revisar su esquema impositivo para evitar que se lo interpretara como una "aduana interior", prohibida por la Constitución Nacional.

A raíz de ese precedente, el gobierno de Marcelo Orrego impulsó una modificación legal para el ejercicio 2025, estableciendo una tasa igualitaria para todas las industrias, sin importar su ubicación. A fin de evitar una carga adicional sobre las firmas instaladas en la provincia, también se lanzó un sistema de créditos fiscales (hasta $3 millones por cada trabajador formalizado en el sector industrial) que puede aplicarse a distintos tributos provinciales. Sin embargo, empresarios aseguran que la implementación aún no es efectiva debido a demoras administrativas en la Dirección General de Rentas.

Topper sostiene que las liquidaciones aplicadas durante cinco años fueron ilegítimas, ya que la alícuota del impuesto fue más alta exclusivamente por no contar con una fábrica en San Juan. La firma detalló que abonó un 3% de su facturación entre 2013 y 2017, y un 1,5% durante el primer semestre de 2018. En total, se trata de pagos por $1.479.127,49, sin incluir intereses.

En su presentación judicial, la compañía argumentó que la política fiscal sanjuanina atentaba contra la igualdad ante la ley y la libre circulación de bienes entre provincias. Por tratarse de un conflicto entre jurisdicciones, la demanda fue elevada directamente a la Corte Suprema, que ya interviene en el caso. Tanto el gobernador Orrego como el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, han sido notificados formalmente.

Fuente: TELESOL