Se complica el caso de Valentina Olguín en el caso que involucra a cinco gobernadores, entre ellos, Orrego

El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, ha decidido agravar los cargos contra la influencer santiagueña Valentina Olguín, en el contexto de una investigación que la involucra en el uso indebido de los CUIT de cinco gobernadores argentinos para realizar adquisiciones en el extranjero, principalmente en la tienda estadounidense Revolve. Entre los funcionarios afectados se encuentra el sanjuanino Marcelo Orrego.

Olguín, quien ya había sido indagada en abril pasado, deberá presentarse nuevamente en Tucumán el 4 de noviembre, acompañada por su defensa, para responder a la nueva imputación por "contrabando simulado en concurso real", un delito que conlleva penas más severas. Se ha informado que el fiscal ha prohibido explícitamente que Olguín abandone el país hasta que su situación judicial sea resuelta.

Una maniobra de alcance nacional

La investigación se inició el 28 de octubre de 2024, cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunció que su CUIT había sido utilizado sin autorización para realizar compras en Estados Unidos. Los productos fueron ingresados al país mediante el régimen Courier a través de la empresa FedEx, siendo entregados en un domicilio particular del barrio Núñez, Buenos Aires, vinculado a la influencer.

Las indagaciones revelaron que entre septiembre y octubre de 2024, Olguín habría utilizado los datos de Jaldo, Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan) para llevar a cabo 16 operaciones de adquisición.

Allanamiento y pruebas

El 12 de diciembre de 2024, el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal realizó un allanamiento en el domicilio de Olguín en Núñez. Durante el operativo, se incautaron U$S 16.646, un iPhone 15 Pro, una computadora, cámaras digitales, facturas de FedEx y varias bolsas con prendas de la marca "Revolve".

Estas evidencias fueron fundamentales para que el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, bajo la dirección del juez Juan Manuel Díaz Vélez, dictara en mayo el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada y ordenara un embargo de $5 millones sobre sus bienes.

Díaz Vélez también declaró su incompetencia parcial para los casos relacionados con otras provincias, aunque Tucumán ratificó su jurisdicción al haber sido el primer distrito en detectar el delito.

Probation rechazada y posible juicio oral

La defensa de Olguín había solicitado una "probation", es decir, la suspensión del juicio a prueba, proponiendo realizar tareas comunitarias en Tucumán y ofrecer disculpas públicas al gobernador Jaldo. Sin embargo, el fiscal Chit desestimó esta solicitud, considerando la gravedad de los hechos y la multiplicidad de delitos involucrados.

De este modo, la causa podría avanzar hacia un juicio oral unificado que abarque los delitos cometidos en las cinco provincias. El agravamiento de la imputación bajo la figura de "contrabando por simulación en concurso real" implica que cada hecho será tratado como un delito independiente, con sanciones acumulativas.

Por el momento, Valentina Olguín deberá permanecer en el país y comparecer ante la Justicia el 4 de noviembre, marcando un hito en un proceso que enfrenta a una influencer provincial con una de las causas más inusuales de los últimos tiempos, donde se encuentra implicada en un esquema de defraudación que involucra a mandatarios de cinco distritos argentinos.