Investigan red de trata de menores en el norte argentino con participación de empresarios

Una investigación federal en Salta dejó al descubierto una red de explotación sexual de menores que operaba en las inmediaciones de un establecimiento educativo. Ocho personas permanecen detenidas, entre ellas empresarios, un militar y un remisero acusados de integrar una organización dedicada a la captación y abuso sistemático de adolescentes de entre 12 y 17 años.

El juez federal Julio Leonardo Bavio dictó la prisión preventiva para siete de los imputados, mientras que un octavo recibió arresto domiciliario. La investigación, calificada por la fiscalía como "de gravedad sin precedentes", se inició luego de que una madre descubriera conversaciones de contenido sexual en el teléfono celular de su hija, dispositivo que la familia no le había proporcionado.

Según las evidencias recolectadas, el remisero actuaba como principal captador de las víctimas, aprovechando la confianza que le tenían en el barrio. Las adolescentes eran transportadas en un Volkswagen Voyage blanco, en ocasiones ocultas en el baúl o bajo los asientos, hacia moteles ubicados sobre la ruta nacional 26 y viviendas particulares donde se concretaban los abusos.

Los audios incorporados a la causa revelan la sistematicidad del operativo, con frases como "tengo una de 16" utilizadas para ofrecer a las víctimas. La organización establecía tarifas específicas por los servicios sexuales, que alcanzaban los $200.000 cuando se trataba de menores vírgenes. Los encuentros se desarrollaban con una duración cronometrada de 18 minutos, incluso durante el horario escolar.

La pesquisa permitió secuestrar celulares, dispositivos de almacenamiento con material audiovisual, drogas y objetos de índole sexual durante allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Defensor de Víctimas de Salta confirmó que once adolescentes ya cuentan con representación legal, aunque se estima que el número total de afectadas podría superar la treintena.

La fiscalía sostiene que existía un sistema de control psicológico sobre las víctimas, basado en amenazas y material de carácter íntimo obtenido bajo coacción. El juez Bavio coincidió con el fiscal Eduardo Villalba en la existencia de "un riesgo concreto de entorpecimiento" de la investigación, fundamento que justificó las medidas de prisión preventiva dictadas.