Crisis política en Caucete: Dos concejales suspendidos irán a la Justicia y denuncian maniobra ilegal del Concejo

Los concejales Emanuel Castro y Ramiro Fernández fueron suspendidos por 30 días sin sueldo y califican la medida como arbitraria e ilegal. Presentarán un amparo para ser restituidos y denunciarán al presidente del Concejo, José Luis Giménez.

Dos ediles suspendidos van a la Justicia y denuncian una maniobra ilegal del Concejo

El conflicto político que sacude al Concejo Deliberante de Caucete sumó un nuevo capítulo este lunes. Tras ser suspendidos por 30 días y sin goce de haberes, los concejales opositores Emanuel Castro y Ramiro Fernández anunciaron que acudirán a la Justicia para ser restituidos en sus bancas. Ambos calificaron la decisión del cuerpo como "ilegal", "arbitraria" y contraria a la Carta Orgánica departamental.

La sanción fue votada el jueves pasado únicamente por el bloque oficialista: José Luis Giménez, Luis Roca y Marina Poblete. A pesar de que los siete ediles estaban presentes, Castro afirmó que el presidente del Concejo no contabilizó su voto ni el de Fernández. Según detalló, la Carta Orgánica exige dos tercios para aplicar una suspensión, es decir, cinco votos, cifra que no se alcanzó.

Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Según 0264 Noticias, Castro adelantó que también iniciarán acciones legales contra el presidente del Concejo, José Luis Giménez, a quien acusan de "excederse en sus facultades" e impedir que ambos pudieran votar. "Esto no sólo es irregular, es una vulneración directa de las normas del cuerpo", afirmó.

La sesión del jueves estuvo cruzada por gritos, acusaciones y un clima político enrarecido. La suspensión se fundamentó en la denuncia presentada por la secretaria del bloque opositor, quien acusó a Castro y Fernández de presionarla para entregarles el 50% de su sueldo. El caso quedó en manos del fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.

En las próximas horas, los ediles presentarán una acción de amparo con una medida cautelar que buscará su restitución inmediata mientras la Justicia analiza el fondo del asunto. El objetivo principal del amparo es lograr que la resolución del Concejo sea declarada inconstitucional.

Para Castro, la raíz de la maniobra tiene un trasfondo estrictamente político: la inminente renovación de autoridades dentro del Concejo. En ese escenario, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para imponer a un dirigente propio. Es que tanto Franco Buffagni como Pedro Gómez —vinculados al sector de Sonia Carina Recabarren— han acompañado a los opositores en votaciones claves, dejando en minoría al espacio de la intendenta Romina Rosas.

Según la Carta Orgánica, el presidente del Concejo debe pertenecer al mismo espacio político de la intendenta, y en el orreguismo consideran que tanto Buffagni como Gómez cumplen ese requisito, ya que compartieron frente electoral con Rosas pese a haber competido en líneas separadas.

La avanzada del sector oficialista llegó incluso sin esperar resolución judicial sobre la denuncia por presunta extorsión. Decidieron aplicar la suspensión amparándose en las facultades disciplinarias del Concejo, aun sin contar con la mayoría requerida. Ahora la decisión quedará bajo la lupa del Poder Judicial.

No es la primera vez que el Concejo caucetero queda atravesado por disputas institucionales. Al inicio de la segunda gestión de Rosas, la renuncia de la concejal Adriana Ginestar desató una fuerte polémica. El oficialismo intentó que su banca fuese ocupada por Miriam Ábrego con el argumento de respetar la paridad de género. Sin embargo, Pedro Gómez presentó un amparo, señalando que el reemplazo debía surgir del corrimiento natural de la lista. La Justicia le dio la razón y Gómez terminó asumiendo.

Con este antecedente fresco y un nuevo conflicto en puerta, el clima político en Caucete vuelve a tensarse. Todo indica que el desenlace se trasladará, una vez más, a los tribunales.

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