Analizan multar a familias que no vacunen a sus hijos

El proyecto para imponer sanciones económicas y penales a las familias que no cumplan con el calendario de vacunación avanza nuevamente en el Congreso y reabre un debate que parecía cerrado: cómo garantizar que niñas y niños reciban las dosis obligatorias en un contexto de caída de coberturas y reaparición de enfermedades prevenibles.

Las multas propuestas podrían rondar desde los 300 mil pesos hacia arriba, dependiendo de la actualización de la Unidad Fiscal (UF). Así lo explicó la diputada Nancy Picón, impulsora del texto original: “Las sanciones están pensadas entre 50 y 500 UF. Hoy eso equivale a cifras que parten aproximadamente en los 300 mil pesos, aunque pueden variar. La idea no es castigar por castigar, sino generar responsabilidad cuando el incumplimiento pone en riesgo la salud pública”.

Picón señaló en radio Sarmiento que el proyecto nació tras la confirmación de nuevos casos de tos convulsa y sarampión, enfermedades que habían desaparecido del registro epidemiológico. “No podemos naturalizar que vuelvan patologías que estaban controladas. Esto sucede porque un sector de adultos decide no vacunar y los menores no tienen posibilidad de elegir. Las consecuencias las pagan ellos”, afirmó. También recordó que Mendoza denunció penalmente a diez padres por no cumplir con el esquema de sarampión, un antecedente que, según la legisladora, “marca un camino posible para todo el país”.

En su repaso, Picón recordó que la problemática no es nueva. “Cuando estuve en la Dirección de Acción Social de Rivadavia entre 2015 y 2019 ya hacíamos operativos casa por casa, porque muchas familias no llevaban a sus hijos a vacunar. Desde entonces sigo el tema y lejos de mejorar, en algunos lugares empeoró”, dijo. De todos modos, aclaró que provincias como San Juan, Mendoza y Córdoba muestran una tendencia estable o en leve aumento, mientras que grandes centros urbanos como Rosario y CABA experimentaron caídas “muy preocupantes”.

La diputada reveló además que existe un proyecto paralelo que busca eliminar la obligatoriedad del calendario, lo que obligó a acelerar las discusiones. “Una colega me pidió que acompañara la idea de que cada familia decida libremente vacunar o no. Le respondí que no, porque la ciencia ha demostrado de forma contundente el beneficio de las vacunas. Venimos de atravesar una pandemia y sabemos perfectamente qué pasa cuando se desinvierte en inmunización”, expresó, marcando la distancia entre ambas iniciativas.

En cuanto a la implementación, Picón explicó que el sistema ya cuenta con herramientas. “Cada vacunatorio registra automáticamente qué dosis tiene cada persona. Cuando el incumplimiento aparece en el sistema, las provincias pueden intimar y, si no hay respuesta, activar la vía penal. Eso no requiere una ley nueva. Lo que propone este proyecto es sumar una sanción económica para reforzar ese proceso”, indicó. A su vez, remarcó que la digitalización completa de los carnets sería clave para acelerar los controles y permitir que los ministerios provinciales actúen con celeridad.

Sobre el futuro legislativo, Picón confirmó que su propuesta mantiene estado parlamentario y que se está trabajando en la Comisión de Salud para tratar ambos proyectos. “Lo ideal sería que ninguna familia llegue a una sanción. La meta final es que no volvamos a lamentar muertes evitables, como ocurrió recientemente en Entre Ríos con los siete bebés que fallecieron por tos convulsa. Ojalá la responsabilidad familiar avance más rápido que cualquier ley”, sostuvo antes de finalizar.