Más de 3.500 toneladas de ropa usada ingresaron al país en lo que va del año

La importación de ropa usada vivió en la Argentina un crecimiento sin precedentes durante los últimos meses, generando un impacto mayúsculo en el comercio y la cadena de producción textil local. Este fenómeno, liderado por el ingreso masivo de prendas provenientes de países extranjeros, se intensificó tras la eliminación de la normativa que por casi tres décadas restringió el comercio de indumentaria de segunda mano.

Desde inicios de 2025, la magnitud física del fenómeno sorprendió incluso a los propios agentes del sector: en cuatro meses ingresaron cerca de 200 camiones cargados con ropa usada. Sólo en octubre, las importaciones alcanzaron las 1.067 toneladas, lo que contribuyó a un acumulado anual de 3.521 toneladas según datos compilados por la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria. Esta cantidad corresponde a aproximadamente el 11% del total de importaciones de prendas de vestir que atravesaron la aduana argentina durante ese período.

 Las cifras alertaron a cámaras empresariales y comerciantes, quienes cuestionaron el efecto de estos volúmenes sobre la cadena productiva nacional. El sector observó cómo las prendas de segunda mano arribaron al país con precios unitarios promedio de 1,2 dólares por kilo, una cifra sustancialmente inferior al promedio de indumentaria nueva importada, cuyo costo ronda los 18,4 dólares por kilo. Los actores de la industria local calificaron el diferencial como un factor que agudiza la competencia desleal y complica la situación de empleadores y trabajadores argentinos. Y en tiempos de cierres como el que acaba de anunciar el gigante TN & Platex.

 La liberalización reciente expuso un entramado logístico y comercial en el que el 90% del total de la ropa usada ingresó desde Chile, a través del transporte por camión. Las estadísticas mostraron que el 84% de las prendas cruzaron la frontera por la aduana de Jujuy, con destino mayoritario en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Este corredor consolidó una dinámica que replica lo que sucede en Chile, cuarto importador mundial de ropa usada. El país vecino detenta antecedentes problemáticos en la materia: casi el 40% de la indumentaria importada termina descartada en el desierto de Atacama, donde las prendas fabricadas con fibras sintéticas y productos químicos se convirtieron en focos de contaminación ambiental.

 Ante el aumento imprevisto, gremios empresariales y referentes del sector textil expresaron su preocupación, argumentando que el ingreso masivo de ropa de descarte se traduce en un daño profundo para la industria y los comercios locales. Las entidades advirtieron, además, que la logística de estas operaciones y la falta de controles estrictos habilitan la entrada de prendas sin garantías sanitarias, con posibles riesgos para la salud y la seguridad pública.

Durante casi treinta años, el marco regulatorio argentino se mantuvo alineado con la prohibición del comercio de ropa usada. La normativa original de 1999, ratificada sucesivamente y por última vez prorrogada mediante el Decreto 333/2017, rigió hasta diciembre de 2022. Este cuerpo legal se fundaba en la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Desde la expiración de estas restricciones, no volvió a establecerse ninguna barrera legal para impedir el ingreso de grandes volúmenes de prendas de descarte a territorio nacional.

 El abrupto cambio en la política comercial habilitó el desarrollo de un nuevo y lucrativo negocio para intermediarios. Empresas de transporte, operadores portuarios y agentes aduaneros armaron circuitos eficientes que optimizaron los envíos de mercadería, reduciendo costos y tiempos de distribución. El foco principal del negocio reside en la intermediación: mercadería de países centrales, a menudo proveniente de campañas de donación, queda a disposición de importadores latinoamericanos que la comercializan en lotes destinados a la venta mayorista o minorista.

La evidencia recogida por asociaciones comerciantes y cámaras sectoriales identifica un correlato directo entre la avalancha de ofertas de ropa usada y la caída en las ventas de indumentaria nacional. Comerciantes ubicados en distintos barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires informaron una merma visible en la facturación, sobre todo en segmentos que dependen de precios bajos para sostener la actividad.

 La cuestión ambiental también adquirió peso en el debate. Las prendas ingresadas, muchas veces fabricadas con fibras sintéticas y productos químicos, agregan presión sobre los sistemas de gestión de residuos urbanos. Referentes ambientales señalaron que la experiencia de Chile, donde el desecho de ropa usada importada contribuyó intensamente a la contaminación del desierto de Atacama, podría repetirse en Argentina si no se tomaran medidas para regular el destino final y propiciar una reutilización responsable de los productos textiles.

El control aduanero, señalaron portavoces del sector, resultó insuficiente ante el aumento repentino del volumen importado. Aduaneros de la frontera norte confirmaron que la mayor parte de los cargamentos procedió de Chile y que la ruta terrestre a través de Jujuy aceleró la llegada de camiones al centro del país. La trazabilidad de la mercadería, junto con el chequeo de condiciones sanitarias y la procedencia de los lotes, se consolidó como uno de los desafíos más urgentes para los organismos de fiscalización.

 El auge en la importación de prendas de segundo uso se insertó en un contexto económico particular. Argentina experimentó durante los últimos años una sucesión de crisis de poder adquisitivo, altísima inflación y dificultades estructurales para sostener la producción local textil. Estos factores incrementaron la brecha de precios entre indumentaria local y ropa importada, agudizando la preferencia de sectores de bajos y medianos ingresos por las ofertas de segunda mano.

Esa preferencia, incentivada por la disparidad de valores, motivó el incremento del volumen de negocio en comercios informales, ferias barriales y mercados alternativos. Los datos muestran que los consumidores priorizaron el acceso a prendas a precios muy reducidos, desplazando la demanda de productos nacionales o de marcas reconocidas.

 Mientras tanto, la industria local redobló sus reclamos al Estado para la restitución de un esquema regulatorio que permita preservar empleos y limitar el avance arrollador de la ropa de descarte extranjera. Las cámaras textiles solicitaron la reinstauración de medidas sanitarias y ambientales que en el pasado controlaron posibles epidemias o riesgos asociados a residuos contaminantes en la indumentaria.

La problemática involucró a diferentes actores, incluyendo gobiernos provinciales que articularon controles provinciales e impulsaron debates por la atribución de competencias sobre las fronteras. Los sindicatos del sector textil, agrupaciones ambientalistas y asociaciones de consumidores intensificaron sus demandas de transparencia y controles para evitar el colapso del mercado y la sobrecarga del sistema de residuos urbanos.

 El desenlace regulatorio aún permanece abierto y genera interrogantes sobre cuál será la evolución del circuito. En este escenario, la importación de ropa usada en cifras inéditas marca un hito en la economía argentina, mientras la industria y la sociedad evalúan los próximos pasos frente a sus múltiples repercusiones.