Condenan al ex juez federal Walter Bento por liderar asociación ilícita y lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza declaró culpable este martes al exjuez federal Walter Bento por lavado de activos, falsedad ideológica y como jefe de una asociación ilícita destinada al cobro de coimas.

El tribunal concluyó que Bento utilizó la función judicial como herramienta para obtener y legitimar beneficios económicos ilegítimos.

El veredicto comenzó a leerse a las 15 y durante la tarde se analizaron los hechos atribuidos al exmagistrado y otros integrantes del entramado investigado.

El TOF sostuvo que "se tiene por probada la comisión del delito de lavado de activos" y afirmó que los acusados integraron un entramado familiar orientado a ocultar el origen ilícito de fondos e incorporarlos al patrimonio con apariencia de legalidad.

Se explicó que "cada integrante cumplió una función específica, coordinada y complementaria" y que "el grupo familiar fue utilizado como una estructura de soporte de lavado de activos".

El tribunal afirmó que los hechos acreditados son un ejemplo de corrupción judicial, donde "se utilizó la función judicial como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos".

En ese esquema se asignó a Bento un rol determinante, ya que "su intervención fue decisiva", al seleccionar oportunidades de inversión, definir la estructura de titularidad y canalizar fondos mediante la estructura familiar.

Además, seleccionó deliberadamente a integrantes del grupo familiar para que aparecieran como titulares de bienes y dieran apariencia legal a fondos ilícitos.

Se mencionó a la esposa de Bento, Marta Boiza, como parte fundamental del engranaje patrimonial, y a Luciano y Nahuel Bento, quienes participaron en operaciones para justificar titularidades y movimientos de dinero.

También se indicó que un hijo con discapacidad fue incluido en el esquema mediante la colocación de bienes a su nombre, instrumentalizando su situación personal.

El tribunal destacó que "se advierten las tipologías típicas como indicadores de lavado de activos".

Respecto a la asociación ilícita, el TOF indicó que funcionó desde 2007 con estructura estable, permanente y orientada a delinquir.

Se sostuvo que "la estructura, permanencia en el tiempo, división de roles y los resultados judiciales confirman la existencia de una asociación ilícita típica, organizada para delinquir".

El tribunal declaró culpable a Walter Bento como jefe de la asociación ilícita destinada al cobro de coimas, y afirmó que "desde esa posición, Bento ordenaba el curso de las maniobras".

Se indicó que Bento convirtió la función judicial en una mercancía, aprovechando su cargo en el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza para direccionar expedientes y resoluciones y obtener dinero por decisiones ilegítimas.

Se identificó a Diego Alfredo Aliaga como el principal operador y nexo entre los integrantes, destacando que "era una pieza clave del engranaje delictivo" encargado de articular contactos y garantizar el circuito de sobornos.

La presidenta del tribunal analizó también el delito de falsedad ideológica, revisando un crédito hipotecario subsidiado otorgado en 2011 por el Banco Nación.

Se sostuvo que Bento y su esposa lo "solicitaron y obtuvieron sin reunir los requisitos legales", ya que en ese momento eran propietarios de múltiples inmuebles, lo que los excluía como destinatarios legítimos.

El tribunal explicó que "la falsedad ideológica se consuma con la sola introducción consciente de lo falso en un instrumento público" y que "se protege la fe pública".

Estas maniobras "les permitieron acceder a un beneficio económico que no les correspondía".

También se abordó la compraventa de un departamento en el complejo Premium Tower, donde en la escritura pública de 2021 se insertó una declaración falsa atribuida a Bento y Boiza.

Se indicó que Boiza declaró no ser persona políticamente expuesta, lo cual fue falso dado el cargo de su esposo en ese momento.

El juicio oral comenzó en julio de 2023 y se desarrolló durante más de 130 audiencias con cerca de 300 testigos y amplia documentación.

De los 28 acusados que llegaron al debate, la fiscalía mantuvo acusación contra 25 imputados.

Durante los alegatos finales, la fiscalía solicitó que Bento fuera condenado como jefe de asociación ilícita y por cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos ligados al mal uso de la función judicial.

Bento se encuentra detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta desde noviembre de 2023, tras ser destituido por mal desempeño y perder inmunidad.

Con la declaración de culpabilidad, el proceso avanzará a la etapa de cesura para definir penas y el tribunal presentará los fundamentos completos en una resolución posterior.