Suspendieron el juicio por supuesta malversación al intendente de Angaco hasta que se resuelva la presentación
El debate oral contra el intendente de Angaco, José Castro, quedó suspendido de manera provisoria hasta que el tribunal resuelva un planteo de reparación integral presentado por su defensa. La decisión frena, por ahora, el inicio del juicio por presunta malversación de fondos públicos.
Castro está imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La denuncia se remonta a fines de 2019, cuando fue acusado de haber utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado de su propiedad en Chimbas.
La oferta económica para evitar el juicio
Con el calendario judicial encima, la defensa —a cargo del abogado Marcelo Fernández— presentó un acuerdo de reparación integral por 5 millones de pesos con el objetivo de frenar el proceso penal.
La propuesta contempla que el dinero sea destinado a una entidad de beneficencia de Angaco, como forma de compensar el presunto daño ocasionado al Estado. Si el tribunal acepta el planteo, el juicio podría no realizarse.
Aval exprés del Concejo y cuestionamientos
El movimiento judicial tuvo un rápido respaldo político. El Concejo Deliberante de Angaco aprobó el acuerdo en una sesión realizada entre gallos y medianoche, con 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
La celeridad del tratamiento y la escasa difusión pública del trámite generaron críticas en el ámbito político local, donde se cuestionó la transparencia del procedimiento.
El antecedente invocado por la defensa
Para sostener el planteo, los abogados de Castro argumentaron que debe aplicarse el mismo criterio que en el caso del expresidente Alberto Fernández, quien cerró la causa conocida como Olivosgate —por la denominada Fiesta de Olivos— mediante un pago económico, sin llegar a juicio oral.
Bajo ese razonamiento, la defensa sostiene que no puede existir un trato distinto, aun cuando se trate de un funcionario público en ejercicio, apoyándose en jurisprudencia nacional reciente.
Ahora, la definición quedó en manos del tribunal, que deberá resolver si acepta la suspensión del proceso a partir del acuerdo presentado o si el intendente finalmente deberá enfrentar el juicio oral por las acusaciones en su contra.