Terminó la toma de un terreno fiscal por intervención judicial
El Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito, a cargo del doctor Sergio Martín Escamilla, dispuso una medida cautelar tras la usurpación realizada por alrededor de 20 familias en inmediaciones de calle David Chávez, desde 500 metros al sur de calle 11, hasta calle 14. En este sector se ubican las ex vías del ferrocarril, el cual es un terreno fiscal.
La resolución se fundamentó en el peligro existente y la verosimilitud del derecho legítimo de propietarios y vecinos, quienes se encontraban en estado de alerta. Asimismo, se buscó preservar la paz social, el orden y la seguridad pública, además de resguardar la salubridad e integridad de las propias familias ocupantes, dado que los terrenos no se encuentran aptos para ser habitados.
La medida se ejecutó respetando a todos los sectores involucrados y se ofició a la Policía para garantizar el orden público y la seguridad durante el procedimiento. También participó la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Pocito, que llevó adelante la remoción de los elementos utilizados en la ocupación irregular.
Cabe destacar que, tras ser informadas sobre la medida cautelar, las personas se retiraron por sus propios medios, sin necesidad de intervención por la fuerza.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Pocito y la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia realizaron encuestas para conocer la situación particular de cada familia. En algunos casos, las personas optaron por no brindar datos personales.
El procedimiento se realizó sin incidentes violentos, según informó el juez Sergio Martín Escamilla a la prensa. “Lo primordial era proteger a la gente. No ha habido ningún conflicto, ningún uso de la fuerza”.
Escamilla explicó que la ocupación se extendía por más de un kilómetro y había generado preocupación entre los vecinos. “Se hizo la medida cautelar para garantizar la paz social, la seguridad pública y el orden público”.
Según detalló, existía riesgo de conflictos entre vecinos y posibles hechos de violencia si la situación se prolongaba. El magistrado indicó que el lugar presentaba condiciones insalubres y peligrosas para quienes permanecían allí. “Es un lugar lleno de plagas y vectores: hay alacranes, arañas, víboras. Era proteger a esa gente y a los niños”.
También advirtió sobre la precariedad de las construcciones, hechas con palos y nylon, sin condiciones de seguridad. Escamilla aclaró que no se trató de un desalojo tradicional, sino de una intervención preventiva con asistencia social.
El operativo judicial se efectuó cerca de las 3 de la madrugada, con ayuda de efectivos de Gendarmería. La intervención se produjo luego de que, durante la jornada del viernes, unas 60 familias se asentaran sobre los terrenos de jurisdicción nacional.
La empresa Ferrocarriles Argentinos radicó la denuncia penal por usurpación al advertir la ocupación del sector ferroviario. En ese contexto, tomó intervención la Justicia Federal, dado que se trataba de un delito en curso en un área bajo su competencia. El fiscal federal Francisco Maldonado dispuso una guardia preventiva de efectivos para custodiar los alrededores del trazado y evitar el ingreso de más materiales de construcción.
Mientras que Gendarmería se apostó en la zona y restringió el ingreso de personas con materiales, aunque algunos de los ocupantes lograron levantar estructuras precarias con palos, nylon y cañizos. Las familias, en su mayoría conformadas por mujeres y niños, se distribuyeron a lo largo de las vías y permanecieron en el lugar durante varias horas.
Durante el desarrollo de la ocupación, los propios asentados habían expresado que no pretendían que se les otorgara una vivienda, sino acceder a un terreno donde poder construirla por sus propios medios. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la permanencia en el predio fue encuadrada como una usurpación, al tratarse de terrenos fiscales y, en particular, de un sector vinculado a la traza ferroviaria.
(HUARPE)