En defensa de la AFA que dirige Chiqui Tapia, los clubes convocaron a un paro: no habrá fecha el primer fin de semana de marzo
Los clubes de Primera División resolvieron convocar a un paro de todas las categorías del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dirige el sanjuanino Claudio Tapia, donde los dirigentes expresaron su rechazo ante las recientes denuncias del ARCA vinculados a cuestiones tributarias y manifestaron su apoyo a la conducción de la entidad.
En la misma línea, Tapia instó a los dirigentes a actuar en conjunto frente al conflicto. Tras la exposición de Lorenzo, los representantes de la máxima categoría mantuvieron un intercambio en el que coincidieron en la necesidad de detener la actividad. Los directivos de Primera ya se encuentran en diálogo con las demás categorías para que adhieran a la medida y todo indicaría que se sumarán a la medida. De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, la AFA oficializará la convocatoria en las próximas horas.
Durante esos días estaba prevista la disputa de la novena fecha del Torneo Apertura, por lo que la medida impactaría de lleno en el calendario del certamen.
A la salida de la reunión, Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, explicó: “Todos los clubes están creciendo y haciendo obras. Con aciertos y errores, siempre queremos lo mejor para nuestros clubes. Veremos cuál es el camino a seguir, creo que hay una persecución a los clubes. Esto lo planteamos porque pasa a ser un tema de estado. Los clubes son parte esencial de la estructura del deporte. Uno nota que a veces se ponen trabas que son injustas, hay cosas muy raras”.
Consultado sobre el alcance de la medida, Berlanga fue contundente: “No se descarta parar el torneo. Tomaremos la medida que haya que tomar”. El presidente de Vélez señaló que la decisión responde a una ofensiva institucional: “Se está declarando una guerra contra el fútbol que no tiene nada que ver. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron claro su postura”.
En su testimonio ante la prensa, Berlanga también mencionó situaciones que afectan a la cúpula de la AFA: “Tapia, Toviggino y Malaspina han sido perjudicados. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL. Es todo muy raro…”.
El origen de la causa
El proceso penal se originó el 12 de diciembre de 2025 gracias a una denuncia de ARCA, ente recaudador argentino. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La acusación documentó que la entidad no retuvo ni depositó aportes a la seguridad social, lo que ocasionó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000. Las maniobras ilícitas habrían ocurrido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales. Los hechos fueron encuadrados en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario. La fiscalía basó la imputación en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.
La querella argumentó que la omisión sistemática de pagos no respondía a problemas financieros. El análisis contable mostró que la Asociación del Fútbol Argentino recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 en diciembre de 2024 y sumó ingresos por $453.449.869.194 en 2025. Durante ese periodo, la directiva constituyó diversos plazos fijos tanto en pesos como en dólares. ARCA concluyó que los implicados disponían de “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia y los abogados de la asociación. El día 6 será el turno de Toviggino y Gustavo Lorenzo, mientras que el 9 de marzo deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina. La Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene pendiente resolver el recurso presentado por la defensa, que había apelado la negativa al pedido de sobreseimiento antes de la firma de las citaciones. El juez desestimó el cierre del expediente, dando la razón a ARCA y a la fiscalía, quienes afirmaron que el delito se encontraba plenamente configurado.
El 27 de enero de 2026, la defensa de Tapia intentó obtener la nulidad de la citación judicial con una excepción de falta de acción, argumentando que las deudas fiscales no eran exigibles al momento de los hechos y citando resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron juicios de ejecución fiscal a entidades sin fines de lucro.
La acusación descartó la posibilidad de un error administrativo y sostuvo que la omisión de pagos durante un periodo de 19 meses demostraba una acción concertada de las autoridades. Las auditorías de balance, que reflejaban deudas fiscales millonarias, llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero, quienes presentaban y avalaban esos informes ante la asamblea.
Los testimonios del 10 de febrero revelaron el funcionamiento interno para el pago de tributos. Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, indicaron que los pagos dependían siempre de las instrucciones verbales, personales o telefónicas del tesorero. Bouvet explicó que su área notificaba los vencimientos y la deuda acumulada, a la espera de la orden precisa de Pablo Toviggino para emitir los volantes electrónicos de pago. Los compromisos fiscales se afrontaban con fondos provenientes de cuentas oficiales del Banco Credicoop, exigiendo la firma mancomunada de tres autoridades. Méndez identificó a Toviggino como el único responsable del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional.