Proponen aumento salarial de hasta $119 mil para docentes estatales

Diputados de la oposición presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Salarial Educativa por cinco años y otorgar un aumento de hasta $119.473 sobre los ingresos de los docentes estatales en todo el país, para subsanar la pérdida del poder adquisitivo generada durante el gobierno de Javier Milei.

Afirman que los salarios de los educadores perdieron un 19% en dos años y proponen utilizar fondos no ejecutados por Nación para inversión en infraestructura escolar. La iniciativa fue presentada por diputados de diversas vertientes políticas, entre ellos miembros de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, que destacan que en 19 de las 24 jurisdicciones se registraron retrocesos en los salarios docentes.

Los legisladores señalan que la inversión educativa real cayó un 47,7% durante el gobierno libertario, con una contracción del 37,6% en relación al PBI, pasando del 1,4% en 2023 al 0,82% en 2025, el nivel más bajo en veinte años. Asimismo, remarcan la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), descrito como "un componente clave del salario que complementaba los ingresos docentes en todo el país".

También denuncian la ausencia de una paritaria nacional que ordene el salario y el veto a leyes de financiamiento educativo. "El ajuste educativo no sólo lo sufre el sistema universitario, la educación obligatoria lo sufre con igual virulencia", indican.

Los legisladores critican que, aunque el Poder Ejecutivo declaró a la educación como un "servicio esencial" mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), paralelamente la desfinancian eliminando el FONID y bloqueando las paritarias. Señalan que esta "esencialidad" es usada como una herramienta de control y no como un compromiso real con la calidad educativa ni con la dignidad de quienes trabajan en las aulas.

La propuesta contempla un Complemento Federal para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal de $52.269 mensuales, y una Compensación Federal adicional de $67.204 para quienes trabajan en escuelas de alta vulnerabilidad. El financiamiento se realizaría con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

"El proyecto establece un mecanismo claro, transparente y automático para que los recursos impacten directamente en el salario docente. Es una decisión concreta para terminar con el uso discrecional de los ATN y garantizar federalismo real", afirman, y agregan que se podrían otorgar hasta $119.473 adicionales por cargo entre marzo y diciembre.

Además, proponen destinar fondos no utilizados en 2025 del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, equivalentes a $740.500 millones, para obras, reparaciones y mantenimiento en todo el país. El 75% se orientaría a mejorar la infraestructura educativa estatal de nivel inicial, primario y secundario, y el restante 25% a establecimientos de educación técnica estatal de nivel secundario.

Destacan que esta inversión es clave para sostener a 44.460 escuelas, 7.458.411 estudiantes y 916.674 trabajadores de la educación afectados por los recortes. Subrayan que el proyecto no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación, sino que reasigna recursos existentes.

Los autores del proyecto aseguran que "la situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del gobierno", y que "el poder ejecutivo nacional ha optado por desestimar su responsabilidad en la materia, transfiriendo el costo de la crisis a las provincias".

En este sentido, Nicolás Trotta, uno de los impulsores, afirmó: "Ante la retracción del Estado nacional, el Congreso debe ejercer su rol de garante del derecho a la educación. La sostenibilidad del sistema es inseparable de salarios dignos para los docentes y los trabajadores de la educación".

Trotta agregó: "Mientras el gobierno nacional elimina herramientas como el FONID, fija aumentos en cuotas que no alcanzan y profundiza el ajuste educativo, nosotros proponemos una herramienta concreta para recomponer ingresos y sostener el sistema educativo".

La iniciativa cuenta con la firma de diputados como Nicolás Trotta de Buenos Aires, Natalia De la Sota de Córdoba, Miguel Ángel Pichetto de Buenos Aires, y otros representantes de distintas provincias y fuerzas políticas.