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Una intendenta chaqueña deberá pagarle $17 millones de indemnización a un funcionario por tuitear en su contra

Claudia Panzardi, jefa comunal de Laguna Blanca, realizó publicaciones en 2016 durante una disputa política con Livio Gutiérrez, quien la demandó por daño moral y perjuicios.

La Justicia dejó firme una condena civil que ordenó el pago de una suma millonaria en concepto de indemnización contra la intendenta de Laguna Blanca, provincia de Chaco, por mensajes publicados en Twitter (hoy “X”) contra un funcionario provincial.

La decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó un recurso presentado por la funcionaria, con lo que la sentencia quedó definitiva. Ahora, deberá pagar 17 millones de pesos de indemnización.

El conflicto comenzó tras una serie de mensajes que la entonces legisladora y actual jefa comunal, Claudia Lorena Panzardi, escribió en su cuenta personal de Twitter en abril de 2016, cuando el entonces legislador chaqueño Livio Gutiérrez -actual presidente del Banco Chaco- participaba de un programa televisivo.

En esos tuits, la funcionaria lo vinculó con acusaciones de violencia de género contra su esposa. Gutiérrez sostuvo que esas expresiones dañaron su honor y su buen nombre, lo que derivó en una demanda civil.

El Juzgado Civil y Comercial N°1 de Charata falló a favor de Gutiérrez y condenó a Panzardi a resarcirlo económicamente. Esta decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco en segunda instancia, que consideró que los mensajes no podían calificarse como información, opinión ni ideas, sino que constituyeron una intromisión injustificada en la vida privada del funcionario.

Además, el tribunal provincial señaló que esas manifestaciones resultaron falsas y tuvieron amplia difusión.

Contra esa resolución, Panzardi interpuso un recurso extraordinario, que fue rechazado en la justicia local. Luego acudió en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el máximo tribunal desestimó su presentación el jueves pasado.

En concreto, el fallo de la Corte señala que la funcionaria no cumplió con el requisito previsto en el artículo 6° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007, ya que el recurso de queja no refutaba los motivos de la resolución denegatoria del recurso extraordinario. Por ese motivo, el máximo tribunal no analizó el fondo del caso y declaró perdido el depósito efectuado.

En medio de la difusión de la sentencia, Panzardi realizó un descargo público a través de sus redes sociales. Allí sostuvo: “MENTIRA lo que publican algunos medios, la Corte Suprema ni siquiera analizó el caso que recurrí. Abajo podrán leer la resolución de la corte que confirma lo que digo y la fecha en que se dictó: 23 de abril. Yo terminé de pagar el 19 de abril”.

Tras relatar que el resarcimiento económico fue dictado por el juzgado chaqueño y ratificado por el tribunal superior provincial en diciembre de 2025, dijo que terminó de pagar la suma total, con intereses y costas, el domingo pasado, usando fondos de su actividad privada, declarados y registrados en su patrimonio.

“Lo pude con mucho esfuerzo, porque además hace casi tres años sufro el embargo de mis bienes por esta causa”, escribió. Y agregó: “Casi 17 millones de pesos por un tuit, en potencial, publicado hace 10 años“.

Según Panzardi, el conflicto no llegó a su fin, ya que el demandante ahora presentó un nuevo reclamo para actualizar la suma con retroactividad, lo que eleva el monto a más de 260 millones de pesos.

“Acepté la sentencia y pagué. No me negué ni fui deudora morosa. No es justo ni tampoco cuento con los 260 millones que ahora piden con retroactividad a la sentencia”, expresó.

La funcionaria también señaló que nunca tuvo problemas personales con Gutiérrez durante su etapa como diputada y que el mensaje cuestionado se dio en medio de una disputa política. Y sostuvo haber aceptado la sentencia y pagado lo reclamado, sin retrasos ni negativa.

Finalmente, advirtió que la resolución de la Corte no debe usarse para confundir ni justificar reclamos que, según ella, serían un aprovechamiento indebido del proceso judicial.

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