Cuatro jornaleros murieron calcinados en Italia tras reclamar mejores condiciones laborales
Un crimen ocurrido en Calabria dejó al descubierto un cuadro de explotación y violencia en el trabajo rural italiano. Cuatro jornaleros extranjeros fueron calcinados dentro de un vehículo en Amendolara, mientras la policía detuvo a dos ciudadanos pakistaníes en el marco de la investigación.
Según las fuentes policiales, las víctimas eran tres afganos y un pakistaní. El ataque se produjo a plena luz del día en una estación de servicio y quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa a siete hombres dentro de una camioneta; dos de ellos descendieron y arrojaron un líquido inflamable por el baúl, mientras otro sujetaba las puertas.
Tras iniciarse el fuego, solo uno de los jornaleros logró escapar. Bomberos que llegaron al lugar hallaron los cuatro cuerpos carbonizados, identificados como Waseem Khan, de 29 años, y los afganos Amin Fazal Khogjani (28), Ullah Ismat Qiemi (19) y Safi Iayjad (27).
Los sospechosos fueron identificados como Safeer Ahmed y Ali Raza, ambos de 31 años, a partir de las imágenes de seguridad. La fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas el caporalato, aunque no descarta un ajuste de cuentas.
El sobreviviente, Mohammad Taj Alamyar, declaró que los trabajadores reclamaban un contrato y que no percibían salarios desde abril. "Nos habíamos rebelado, queríamos un contrato", expresó, al tiempo que denunció que recibían comida y alojamiento, pero no dinero.
El jefe policial de Cosenza, Antonio Borelli, afirmó: "En 34 años de servicio, nunca vi algo así". El caso provocó repercusión inmediata en Italia y la primera ministra Giorgia Meloni repudió el crimen, mientras los detenidos se negaron a declarar ante el juez.
En paralelo, el episodio volvió a poner en foco el sistema de intermediación y explotación laboral conocido como caporalato, que afecta a miles de trabajadores migrantes en los campos italianos. Según los reportes citados, la modalidad continúa vigente pese a la ley aprobada en 2016 para combatirla.
Las declaraciones del sobreviviente también mencionan amenazas con armas, exigencias de pago por transporte y presuntas redes de control sobre trabajadores extranjeros en fincas de Calabria. La Fiscalía analiza además posibles enfrentamientos entre grupos de migrantes en la zona de la Sibaritide.
El caso generó pronunciamientos de la Iglesia, que pidió terminar con el "silencio cómplice" sobre la explotación, y de los sindicatos, que calificaron el hecho como "horror indescriptible". La CGIL reclamó medidas más firmes frente a los abusos en el campo italiano.