El IPV exigirá no tener antecedentes penales para acceder a viviendas y créditos
El Gobierno de San Juan prepara una reforma integral del régimen habitacional provincial que incorporará nuevas condiciones para acceder a viviendas sociales y créditos destinados a la construcción. Entre las modificaciones más relevantes figura la exigencia de no registrar antecedentes penales para poder convertirse en beneficiario de programas administrados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas que el Ejecutivo provincial enviará en los próximos días a la Cámara de Diputados con el objetivo de actualizar el marco legal que regula el funcionamiento del organismo y, al mismo tiempo, avanzar en la resolución de miles de situaciones dominiales pendientes.
Desde la administración provincial explicaron que la propuesta busca adecuar la normativa vigente a las nuevas demandas sociales y fortalecer los criterios de adjudicación. En ese contexto, se pondrá especial atención en antecedentes vinculados a delitos contra la integridad sexual y hechos de violencia de género.
El asesor letrado de la Provincia, Alejandro Ferrari, sostuvo que la intención es garantizar que los beneficios estatales lleguen a ciudadanos que respeten las normas de convivencia y el marco legal. Según indicó, la incorporación de este requisito responde también a inquietudes planteadas por vecinos de distintos complejos habitacionales, donde se registraron conflictos relacionados con conductas delictivas.
La reforma no se limitará únicamente a los criterios de acceso. También contempla cambios destinados a agilizar procedimientos administrativos, modernizar herramientas jurídicas y facilitar la obtención de escrituras para miles de familias sanjuaninas.
Uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el IPV está relacionado con la regularización de viviendas que, pese a haber sido entregadas hace años, todavía no cuentan con título de propiedad. De acuerdo con datos oficiales, cuando comenzó la actual gestión existían alrededor de 12.000 inmuebles en esta situación. Desde entonces se logró resolver poco más de 2.000 casos, aunque todavía quedan cerca de 10.000 pendientes.
El problema alcanza a distintos tipos de desarrollos habitacionales. Además de barrios construidos por el propio IPV, existen complejos impulsados por entidades intermedias, cooperativas, fundaciones, sindicatos y asociaciones que dejaron de funcionar o presentan inconvenientes administrativos que hoy dificultan completar los trámites de escrituración.
La situación también afecta a urbanizaciones promovidas por municipios, donde las transferencias de terrenos y la documentación requerida para formalizar la propiedad presentan obstáculos que se arrastran desde hace años.
A esto se suma otro factor: numerosas entidades fueron constituidas décadas atrás, antes de que existieran requisitos formales actualmente indispensables, como la inscripción tributaria mediante CUIT. Esa falta de documentación genera demoras en gestiones ante organismos nacionales y complica la regularización definitiva de numerosos inmuebles.
En paralelo, el Gobierno provincial trabaja en el diseño de nuevas herramientas reglamentarias para ordenar aspectos que, pese a estar previstos en la legislación.