Por amplia mayoría, Diputados aprobaron la ley de proveedores mineros
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la Ley de Proveedores Mineros, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial que busca incrementar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en el desarrollo de la actividad minera. El proyecto fue aprobado por 32 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones, tras un extenso debate en el recinto.
La norma establece que las empresas operadoras deberán trabajar para alcanzar un 80% de empleo local, priorizando la contratación de habitantes de los departamentos donde se desarrollen los proyectos mineros. Además, fija como objetivo que el 60% del monto anual destinado a compras y contrataciones sea realizado con proveedores sanjuaninos, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.
Uno de los ejes centrales de la ley es la obligación de que las compañías mineras y sus principales contratistas presenten Planes de Desarrollo con metas progresivas y verificables sobre empleo y contratación de proveedores locales. Estos planes deberán actualizarse cada dos años.
La legislación también crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), una plataforma pública y digital en la que solo podrán inscribirse empresas con domicilio operativo en la provincia, que tributen en San Juan y cuenten con al menos un 80% de trabajadores sanjuaninos.
Otro de los objetivos de la norma es brindar mayor previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas locales. Para ello, las operadoras deberán publicar con anticipación sus planes de demanda, compras y futuras licitaciones, permitiendo que los proveedores se preparen para participar de los procesos de contratación.
Como incentivo, las empresas que cumplan simultáneamente con las metas de empleo local y compras a proveedores sanjuaninos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá utilizarse para cancelar impuestos provinciales o transferirse a otras pymes.
Además, la ley incorpora mecanismos de transparencia en los procesos de contratación, prioriza a los proveedores que generen mayor valor agregado dentro de la provincia y dispone que las acciones de responsabilidad social empresaria se coordinen con los planes estratégicos de los municipios en áreas como educación, salud e infraestructura.
El control del cumplimiento de la norma estará a cargo del Ministerio de Minería, con el acompañamiento de un Consejo Consultivo público-privado. También prevé sanciones para quienes incumplan las disposiciones, que van desde multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias hasta la suspensión del Registro de Proveedores Mineros.