IPV: antecedentes, situación económica y grupo familiar definirán quién entra al sorteo
Conseguir una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda dejará de depender únicamente de cumplir los requisitos de inscripción. El Gobierno provincial impulsa una nueva ley que incorporará un sistema de puntajes obligatorio para todos los aspirantes y que definirá quiénes estarán habilitados para ingresar a los sorteos públicos.
"La idea que tiene el gobernador es establecer un sistema transparente, mucho más transparente, mucho más contrastable en los hechos, que la persona tenga la seguridad de que si reúne las condiciones que la ley determina, eso le va a posibilitar participar de un sorteo en el cual se le va a adjudicar la casa", explicó el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari.
La principal novedad es que el sorteo dejará de ser la primera instancia del proceso. Antes habrá una etapa de calificación en la que el Estado evaluará distintos aspectos de cada postulante para asignarle un puntaje. Recién quienes superen ese filtro podrán competir por una vivienda.
Entre los criterios que se analizarán estarán la composición del grupo familiar, la situación laboral, la capacidad económica para afrontar el pago de la cuota y distintos indicadores vinculados a la conducta del aspirante.
Uno de los aspectos que comenzará a pesar en la evaluación será la situación judicial de cada postulante. "La inexistencia de antecedentes penales va a ser considerada una situación importante a la hora de calificar", adelantó Ferrari. No obstante, aclaró que no cualquier antecedente implicará quedar automáticamente afuera del sistema, aunque sí podrá marcar diferencias cuando dos familias reúnan condiciones similares.
El proyecto también incorporará otro requisito que hasta ahora no formaba parte de las evaluaciones. Quienes registren incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias ordenadas judicialmente también podrán verse perjudicados al momento de obtener el puntaje necesario para ingresar al sorteo.
Ferrari insistió en que la reforma busca terminar con cualquier sospecha sobre la asignación de viviendas. "Se terminaron las adjudicaciones por planilla o de manera irregular; acá va todo el mundo al sorteo", aseguró.
Ese cambio también alcanzará a los mecanismos utilizados durante años por algunos sindicatos y organizaciones intermedias para conformar listas de beneficiarios. Según explicó el funcionario, muchas personas compraron carpetas o aportaron dinero para futuros barrios creyendo que eso les garantizaba una vivienda.
"Hoy día no hay ningún compromiso firmado con varios sindicatos", afirmó Ferrari, quien sostuvo que gran parte de esas expectativas se apoyaban en promesas verbales de gestiones anteriores y no en obligaciones asumidas formalmente por el IPV.
El asesor letrado advirtió que respetar esos listados implicaría volver al sistema que el Gobierno pretende eliminar. "La idea del gobernador es ser lo más transparente e igualitario posible, que todo el mundo tenga el mismo derecho", sostuvo.
La reforma también prevé nuevas causales para perder una vivienda ya adjudicada. Ferrari explicó que condenas por delitos graves, como homicidios, delitos sexuales, robos agravados o hechos de violencia intrafamiliar, podrán derivar en la desafectación del inmueble cuando esas conductas alteren la convivencia y contradigan los objetivos de la política habitacional.