Se pospuso la ley de propiedad privada en el Congreso: habrá cuarto intermedio hasta el 6 de agosto
En un final que se sospechaba desde hace más de una semana, la ley de propiedad privada volvió a demorarse en el Senado: la jefa libertaria, Patricia Bullrich, pidió que la sesión pasara a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto y derivó en una nueva derrota para el Gobierno, en un tema ya muy manoseado y con una marcada mala praxis del oficialismo en la Cámara alta. La propuesta de la porteña recibió 65 votos a favor, tres rechazos y una abstención.
La fecha del 6 de agosto no es menor. La semana pasada, cuando se dejó fijado el encuentro de hoy -en Labor Parlamentaria-, la propia Bullrich informó que para el mes próximo quedaba un encuentro pactado. Infobae contó ese día que, en realidad, era una especie de blindaje para dar indicios de “trabajo” y no anticipar el receso invernal que habrá por 15 días, pese a que se presuponía que la iniciativa seguía sin los votos suficientes para avanzar. Quedó como un flojo premio consuelo.
El nuevo traspié se da en medio de un Ejecutivo que intenta dar señales de sendero controlado, lo cual suena contradictorio a la hora de revisar el día a día de la Cámara alta, con personas que dicen defender la gestión Milei y luego juegan -muy- en contra del jefe de Estado. Además, la situación con este proyecto es tan tóxica que la mayoría de bancadas dialoguistas se hartaron, lo cual genera un mal antecedente ante una eventual aprobación y definición en Diputados.
Quien volvió a trastabillar fue Bullrich: desde marzo que no puede, salvo una excepción -pago a dos fondos buitre-, aprobar una ley que solicite con énfasis la administración central. El articulado en conflicto, que es empujado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger -se habría mostrado en desacuerdo con el borrador final y número 15-, modifica ítems centrales en expropiaciones, desalojos -de 5 a 20 días-, el manejo del fuego -quitar décadas sin movimientos tras incendios- y, como cuestión más polémica -pésimas explicaciones oficialistas-, la venta de tierra a extranjeros. Antes de firmar el despacho -luego reventado- se dinamitó por completo el capítulo relacionado con barrios populares.
En cuanto al ítem que más trifulca genera, el decimoquinto borrador planteaba: “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.
Mismo caso serviría para zonas de frontera, siempre un área delicada en varios distritos. Además, se eliminó lo enunciado sobre el "silencio administrativo", otro inconveniente ya mencionado. A pesar de buscar adhesiones -a los ponchazos-, La Libertad Avanza (LLA) no cerró las voluntades necesarias y frenó tarde, aunque evitó un mega papelón.