Exfuncionario uñaquista, involucrado en un juicio millonario contra una empresa del Estado
El conflicto por el contrato firmado en 2013 entre Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y Electrometalúrgica Andina ingresó en una nueva etapa judicial. Tras fracasar la instancia de mediación obligatoria, el Quinto Juzgado Civil, a cargo del juez Roberto Pablo Fariña, dio curso al proceso ordinario promovido por la empresa estatal.
Según la presentación judicial, la última prórroga contractual fijaba como fecha límite de entrega diciembre de 2019. EPSE sostiene que el compromiso nunca fue cumplido y que incluso intimó sin respuesta a la empresa en septiembre de 2024, antes de iniciar las acciones judiciales.
Una adenda del contrato original por el silicio le cedió en 2021 a la empresa de Rupcic cuatro usinas de generación hidroeléctrica a cambio de asumir el pasivo de CAME con EPSE. Los saltos Pocito 1, Pocito 2, Albardón y Sardina estaban siendo operados hasta ese momento por la Fábrica de Carburo. SAP habría generado y vendido esa energía pero no cumplió con la promesa de pago.
Hace menos de 4 años, SAP energía elaboró un convenio tipo para vender energía a "clientes" a un precio sustancialmente menor al cobrado por la mayorista CAMMESA que incluía una serie de sobrecostos.
La mediación previa obligatoria a la demanda estuvo a cargo de la Dra. Elsa Inés Barassi Minetto. Sin embargo, los representantes legales de ambas partes —el abogado Patricio Echegaray por EPSE y Guillermo Salim Medawar por Electrometalúrgica Andina— no lograron arribar a un acuerdo.
Ante ese resultado, el Centro Judicial de Mediación comunicó oficialmente al juez Fariña la conclusión de la instancia sin acuerdo de partes, habilitando así la continuidad del proceso judicial.
La principal incógnita pasa ahora por determinar cómo interactúan ambos instrumentos jurídicos: el contrato original de provisión de silicio y la posterior Adenda III, y cuál es el alcance de las obligaciones asumidas por cada una de las empresas.