Cómo era la maniobra en comedores escolares que destapó un escándalo de corrupción en la ciudad más pobre del país
La Justicia de la provincia de Entre Ríos avanza con la investigación contra la ex titular de la Dirección de Comedores de la ciudad de Concordia, Silvina Murúa, por el desvío de fondos para la compra de alimentos en 37 escuelas de esta localidad. En los últimos días, se conoció que las irregularidades superaron los $100 millones y ahora se supo cómo eran las maniobras para quedarse con el dinero.
Todo se destapó en los últimos días, con un sistema que era utilizado hasta agosto de este año, con la entrega de tarjetas de compra SIDECREER que debían utilizarse para la compra de alimentos destinados al desayuno, almuerzo y/o merienda, dependiendo de cada institución. Este proceso tenía como espíritu que los encargados de los comedores escolares puedan realizar estas compras en los almacenes cerca de cada escuela.
Sin embargo, una investigación llevada a cabo por la Dirección de Comedores de la provincia realizó una auditoría sobre los establecimientos educativos de la ciudad de Concordia y descubrieron que había diferencias entre lo que decían las facturas y los remitos de las compras en 37 instituciones. Estas irregularidades alcanzaron la suma total de $103.738.136.
Según pudo saber Infobae, esta maniobra habilitaba a que los apoderados pudieran disponer del dinero confiando en su buena voluntad. “Es una maniobra muy sencilla”, señaló una fuente que siguió de cerca la investigación. Fue acá que apareció el nombre de la coordinadora de la Dirección de Comedores en esta localidad, Silvina Murúa.
De acuerdo con la acusación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo de la fiscal Daniela Montangie, desde enero del 2024 el operativo estuvo a cargo de Murúa, junto a sus hermanos Adrián y Vanesa, y su cuñado Esteban Godoy, que eran parte de la misma entidad. Según señalaron, llevaban adelante maniobras de intimidación o persuasión de manera constante, habitual y reiterada para que los encargados de los comedores escolares realicen compras a una determinada firma.
La empresa “Ahora Voy SRL”, que pertenecía a dos hermanos identificados como Iñaki P. y Martín P.; era donde se tenían que realizar todas las compras. Incluso, señalaban que muchas veces las tarjetas con sumas de dinero que superaban el millón de pesos quedaban en manos de estos y eran quienes disponían de los fondos. Por último, aparece un séptimo sujeto que no tenía una función formal dentro de la Dirección de Comedores, pero era quien llevaba grandes cantidades de dinero a Murúa.
Infobae accedió a una serie de chats que tuvo Murúa con su hermana Vanesa, en donde habla de unos cuadernos que llevan “las de Paraná”, haciendo referencia a gente de la administración de Rogelio Frigerio. “Si ven el de Ruben nos descubren todo boluda”, es una de las frases que se lee en el intercambio.
En esa línea, también aparece un intercambio entre la ex funcionaria e Iñaki, donde hablan del pago de un préstamo de una casa y de qué escuela puede sacar el dinero. La respuesta de Murúa da una cifra específica. La justicia investiga si se utilizó dinero destinado a los comedores para la compra de inmuebles, viajes y ropa.
Justamente, la calificación legal que la Fiscalía atribuyó a estas conductas abarca tres figuras en concurso real: peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.
El escándalo surge en la ciudad con el mayor porcentaje de personas pobres en todo el país. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2025, Concordia registra un 49,9% de personas pobres y un 13,6% en situación de indigencia.
En junio de 2025, una auditoría previa sobre 21 establecimientos ya había detectado $66.143.225 sin justificación adecuada de uso, lo que derivó en la remoción de Murúa por parte del gobernador Rogelio Frigerio.
Las señales que dispararon la investigación más reciente surgieron al comparar las nóminas de beneficiarios con las partidas asignadas: aparecieron incrementos injustificados en la cantidad de alumnos registrados y diferencias entre el dinero girado y las necesidades reales de cada establecimiento.
Los registros mostraban además casos en los que la totalidad de la partida era consumida en un solo día y una concentración de las compras en apenas tres proveedores. Ante el requerimiento de los auditores, se informó que los cuadernos de menú de octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por roedores; días después fueron presentados nuevos cuadernos acompañados por remitos recién confeccionados.
Murúa es de origen radical. Pertenece al grupo político del presidente del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos, Marcelo López. Según confirmaron fuentes gubernamentales a Infobae, fue el legislador (oriundo de Concordia) quien pidió la designación de Murúa en ese cargo.
En una entrevista del año pasado, negó las acusaciones y afirmó haber sido ella quien alertó sobre las irregularidades desde el principio. Sostuvo que el 7 de marzo de 2025 realizó la primera denuncia por malversación de fondos junto al diputado Marcelo López, que en agosto amplió esa presentación y que, pese a haber advertido a funcionarios provinciales, nadie actuó.
“Creo que hay muchos que sabían y no hicieron nada. Que miraron para otro lado. Y ahora, cuando todo explota, necesitan a alguien que caiga. Y me eligen a mí”, declaró en diálogo con un medio local.