Desestimaron la denuncia contra un fiscal y un concejal de Angaco
El fiscal Adolfo Díaz desestimó la denuncia presentada por el presidente del Concejo Deliberante de Angaco, Alberto de los Ríos, contra el fiscal Francisco Nicolía y el concejal opositor Andrés Olivera. La presentación había pedido investigar presuntos delitos de coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de cargo. Según la resolución, no surgieron elementos para abrir una investigación penal.
Antecedentes de la causa
La denuncia se produjo a mediados del mes pasado, luego de que Nicolía, integrante de la UFI Delitos Especiales, formalizara una investigación contra De los Ríos, otros ediles y el intendente de Angaco, José Castro. En esa causa también están imputados los concejales Alejandro Paredes y Roberto López, mientras que Castro es investigado por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La investigación fue formalizada en julio por Gerardo Javier Fernández Caussi, juez de Garantías, por un plazo de 7 meses.
Qué cuestionó De los Ríos
De los Ríos, junto con la secretaria administrativa del Concejo, Valeria Olivera, presentó la denuncia a través del abogado Leonel García. El planteo sostuvo que Nicolía habría obtenido información de manera irregular para impulsar la causa principal y que, en ese marco, habría requerido a Olivera que se presentara a declarar como testigo con una copia certificada del acta del Concejo Deliberante del 18 de febrero. También se acompañaron mensajes de WhatsApp y audios entre el fiscal y el edil, en los que se hacía referencia a esa citación y a una eventual denuncia si no se presentaba la documentación pedida.
Los fundamentos del rechazo
En su resolución, Díaz sostuvo que no es ilícito que un fiscal cite a una persona a declarar por medios como WhatsApp en el marco de una investigación. También señaló que la advertencia sobre las consecuencias de no entregar la documentación requerida no configura delito, porque se trató de informar los efectos jurídicos de un eventual incumplimiento. El fiscal agregó que la versión del denunciante es “inverosímil o lo es de forma parcial” y que “no constituye un hecho típico con relevancia penal”.
Documentación y revisión
La resolución también menciona que Olivera había pedido en el Concejo el acta de la sesión extraordinaria en la que se aprobó el convenio cuestionado, a requerimiento del fiscal de la causa. Además, Nicolía solicitó por nota del 24 de febrero una copia certificada de esa acta, pero el presidente del cuerpo remitió una versión no certificada y adujo razones administrativas, según consta en el expediente. Con esos elementos, Díaz concluyó que no corresponde iniciar una investigación penal y ordenó el archivo de las actuaciones.
Próximo paso
De acuerdo con fuentes oficiales, Leonel García pidió la revisión de la decisión fiscal. Ese planteo deberá ser resuelto por un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, cargo que podría quedar en manos de Iván Grassi o Roberto Ginsberg.