Robó millones a Educación y va a juicio siete años después
El pasado 30 de julio, Mauricio Alberto Vega fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ocupar un cargo público. Fue encontrado culpable del delito de estafa en perjuicio de la administración pública, ya que, como agente liquidador del Ministerio de Educación, se había depositado en su cuenta bancaria montos de manera ilegal. Esa causa es una secundaria que se derivó de un expediente más grande y que tiene como protagonista a Sandra Deolinda Maya, quien en 2019 realizó 21 operaciones desde las cuentas del Estado a la propia, por un total de 1.310.099,70 pesos, monto que en la actualidad representaría unos 55 millones de pesos, estimaron las fuentes. Si bien la causa contra la mujer se inició primero, quedó pendiente a la espera de juicio, debate que en Tribunales esperan que arranque a fin de año o en los primeros meses de 2027. Un dato no menor es que, en su momento, con la plata que se transfirió la mujer compró una camioneta que fue secuestrada y hoy está en manos del Poder Judicial, por lo que a algunos les llamó la atención que el juicio no se haya realizado. Es que, eventualmente, en el hipotético caso de que la causa prescriba, el vehículo debería ser reintegrado a su propietaria.
La resonante causa contra Maya quedó nuevamente expuesta en el juicio contra Vega, cuando frente al juez de Cámara, Juan Bautista Bueno, el fiscal Daniel Galvani recordó que la defraudación cometida por el hombre surgió de “una investigación anterior”, originada por las irregularidades detectadas en las liquidaciones de sueldo realizadas por Maya. La denuncia contra la mujer fue realizada a mediados de 2019 por quien en su momento era la secretaria Administrativa del Ministerio de Educación y, según pudo constatar este medio, existe un procesamiento sin prisión preventiva con fecha del 27 de julio de 2022. Al parecer, desde ese momento hasta la fecha, la causa no tiene movimientos, aunque hay quienes sostienen que la causa cuenta con un requerimiento de elevación a juicio. ¿Por qué la demora desde el procesamiento hasta que se haga el juicio? El expediente se tramita bajo el sistema penal viejo, por lo que fue derivado a la Unidad Conclusiva. Así, fuentes judiciales esperan que la causa sea elevada a la Sala Penal correspondiente para que dicho cuerpo fije una fecha de debate, la que se espera que ocurra este año o, a más tardar, en los primeros meses del año que viene. Lo llamativo es que, en la causa por desvíos de fondos del Ministerio de Educación, primero se resolvió el expediente de Vega y no el de Maya, cuando, en realidad, el primero fue un desprendimiento del segundo.
La causa contra la mujer fue un escándalo, ya que, gracias a una auditoría que realizó la Contaduría General de la Provincia sobre los movimientos bancarios del Ministerio de Educación, se logró detectar irregularidades que permitieron exponer la maniobra fraudulenta de Maya. ¿Cómo era el procedimiento? La mujer, que se desempeñaba como liquidadora de sueldos, ingresaba al sistema nombres de docentes, pero al momento de consignar la cuenta bancaria para realizar la transferencia, plasmaba la suya. No es que la empleada infiel no pagaba los sueldos a los docentes que correspondían, sino que realizaba operaciones mellizas: una con los datos originales y otra con su propia cuenta bancaria.
Así, en sólo seis meses, de diciembre de 2018 a mayo de 2019, la mujer logró realizar 21 operaciones por un total de 1.310.099,70 pesos. Para dar una idea del fraude, Maya era empleada estatal con Categoría 14 y en ese momento se estima que tenía un sueldo de entre 15.000 y 20.000 pesos. A modo de ejemplo, en abril de 2019 hizo cuatro operaciones por entre 50.000 y 77.000 pesos, las que acumularon un total de 382.671,31 pesos.
Con el dinero que se transfirió en esos seis meses, Maya arregló su casa del barrio Luz y Fuerza, pero también se compró una camioneta Fiat, modelo Toro Freedom, 4x2, por la que pagó 835.000 pesos. Para el rodado transfirió desde su cuenta bancaria 204.000 pesos de seña, luego hizo otros pagos y, al final, en menos de 20 días, volvió a girar 200.000 pesos en tres transferencias bancarias. Así, cuando la policía allanó su casa, además de secuestrar elementos, se llevó la camioneta. Al procesarla sin prisión preventiva, la Justicia embargó las cuentas de la mujer y puso el rodado a disposición de la Corte de Justicia.
Sobre Vega, el hombre hizo el mismo movimiento irregular desde las cuentas del Ministerio de Educación, pero con un solo giro a sus cuentas bancarias y por eso fue condenado a dos años de prisión condicional, más la inhabilitación perpetua para ocupar un cargo público.
Cabe aclarar que ambos, tanto Maya como Vega, fueron echados del Estado provincial. En el caso de la mujer, por una resolución que se emitió en agosto de 2021, luego de que se resolviera su sumario administrativo.