Milei endureció su postura por Malvinas y puso el foco en la explotación petrolera

El mandatario calificó al proyecto Sea Lion como un “peligro claro y urgente” y anunció medidas diplomáticas, económicas, judiciales y militares para enfrentar nuevos avances británicos.

El presidente Javier Milei anunció este jueves el envío al Congreso de un paquete de proyectos de ley destinado a reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Además, confirmó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y anticipó un endurecimiento de las sanciones para las empresas extranjeras que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos en el territorio en disputa. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó Milei al iniciar el mensaje que fue transmitido por cadena nacional.

El mandatario sostuvo que la posición argentina debe trascender el reclamo diplomático y estar acompañada por medidas concretas desde el Estado. “No alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, señaló.

En esa línea, remarcó la necesidad de establecer una estrategia que pueda mantenerse independientemente de los cambios de gobierno. “Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, agregó.

Las medidas anunciadas por Milei incluyen iniciativas que deberán ser debatidas por el Congreso y buscan fortalecer los mecanismos con los que el Estado argentino pretende intervenir frente a actividades económicas y de explotación de recursos desarrolladas en el área bajo administración británica.

Cómo volvió Malvinas a la agenda

La cuestión Malvinas volvió a ganar protagonismo durante los últimos días a partir de una serie de acontecimientos vinculados con la posición internacional sobre la disputa. El 31 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado en la Oficina Oval sobre una eventual modificación de la posición de neutralidad que Washington mantiene frente al conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. El mandatario estadounidense respondió que su administración revisa todas sus posiciones y que esa era “solo una de muchas”.

Las declaraciones generaron una reacción inmediata del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que ratificaron su postura sobre la soberanía del archipiélago y el derecho de autodeterminación de sus habitantes. El debate se produjo además mientras en Londres se discutía el acuerdo relacionado con Mauricio y el archipiélago de Chagos, un antecedente que Argentina ha mencionado como ejemplo de una controversia territorial que pudo avanzar mediante negociaciones y vías pacíficas.

El proyecto petrolero que genera tensión

Sea Lion es un proyecto de explotación de hidrocarburos offshore impulsado por la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. El yacimiento se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a unos 240 kilómetros de Puerto Argentino.

Rockhopper descubrió el campo en 2010 y actualmente posee el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el 65%. En diciembre de 2025, ambas compañías comunicaron la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa del desarrollo. Navitas informó entonces una inversión de 1.170 millones de dólares para esa fase.

Las estimaciones posteriores ubican la inversión total de la primera etapa en unos 1.800 millones de dólares, con una producción proyectada de alrededor de 50.000 barriles diarios y el comienzo de la extracción previsto para 2028. La iniciativa fue rechazada por la Cancillería argentina, que considera que las compañías no cuentan con autorización de las autoridades nacionales para desarrollar actividades hidrocarburíferas en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

El Gobierno también cuestionó la explotación unilateral de los recursos naturales y recordó sanciones aplicadas previamente contra las empresas involucradas. Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años mediante una resolución de 2012 de la Secretaría de Energía. En el caso de Navitas Petroleum, una sanción similar fue establecida en 2022 por operaciones hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.

La posición oficial también contempla las concesiones, contrataciones de proveedores y otras actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto. En las últimas horas, el medio británico The Telegraph informó que Rockhopper y Navitas planean comenzar las perforaciones de Sea Lion durante los próximos meses. Según esa publicación, existe la posibilidad de que el petróleo sea enviado hacia Europa y el Reino Unido desde comienzos de 2028.

El proyecto, según las estimaciones difundidas, podría producir durante más de tres décadas. Su avance se convirtió así en uno de los principales puntos de tensión entre el reclamo de soberanía argentino y las actividades económicas que se desarrollan bajo administración británica en las islas. En ese escenario, el Gobierno de Milei busca ahora trasladar su posición al plano legislativo y reforzar las herramientas legales, económicas y de defensa con las que pretende sostener el reclamo argentino por las Malvinas.

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