Denunció un robo de $13 millones, quedó imputado por falsa denuncia y ahora cerró la causa con una probation

Abel Manzano, presidente de la Unión Vecinal de Villa Elisa, en Pocito, sumó un nuevo capítulo a la causa judicial iniciada tras la denuncia por el supuesto robo de $13 millones de la institución. Esta semana volvió a comparecer ante la Justicia, pero esta vez para cerrar el proceso penal: obtuvo la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, y de esta manera evitó llegar a un juicio oral y una eventual condena.

Manzano era el único imputado en la causa por los delitos de hurto simple en concurso real con falsa denuncia, luego de que la investigación pusiera en duda la versión inicial de un robo a la caja fuerte de la entidad.

Según la resolución judicial, el dirigente deberá cumplir 36 horas de trabajo no remunerado a favor del Estado, que serán distribuidas durante un período de tres meses y realizadas en la Municipalidad de Pocito. Además, deberá abonar una reparación simbólica de $2 millones.

La denuncia por el supuesto robo de $13 millones

El caso tomó estado público en abril, cuando el propio Manzano se presentó ante las autoridades para denunciar que delincuentes habían ingresado a la sede de la Unión Vecinal y habían violentado la caja fuerte.

De acuerdo con su denuncia inicial, los supuestos ladrones se habían llevado un botín de $13 millones, compuesto por moneda nacional y dólares. El dinero, según se había informado, estaba destinado a importantes obras de agua potable y cloacas para los vecinos de Villa Elisa.

Sin embargo, la investigación judicial, impulsada originalmente por el fiscal Leonardo Villalba, dio un giro luego de las pericias realizadas sobre la caja de seguridad. Los estudios determinaron que la cerradura no había sido forzada y las pesquisas establecieron además que Manzano era quien tenía las llaves del recinto.

Estos elementos llevaron a la Fiscalía a sostener la hipótesis de un supuesto “autorrobo”, acompañado de una denuncia falsa, y derivaron en la imputación contra el presidente de la institución.

Las restricciones y el intento de volver a la sede

Durante el avance de la causa, la situación procesal de Manzano también fue discutida en distintas audiencias. En una primera instancia, la jueza Carolina Parra le permitió continuar el proceso en libertad, aunque le impuso medidas de coerción que incluían la prohibición de acercarse a la Unión Vecinal y a los integrantes de la comisión directiva.

La defensa, integrada por los abogados Manuel Gímenes Puchol y Gustavo Martín Clavel, recurrió esa decisión e intentó que Manzano pudiera regresar a la sede para ejercer sus funciones como presidente.

Sin embargo, esos planteos fueron rechazados por el juez de Impugnación Daniel Guillén, en coincidencia con la postura del fiscal Fabrizio Medici y de la querella. El argumento fue que la presencia del dirigente en la institución podía entorpecer la recolección de pruebas.

En mayo de este año, el Tribunal de Impugnación rechazó el recurso presentado por la defensa y ratificó las medidas cautelares que le impedían acercarse a la entidad.

Además, durante una etapa temprana de la investigación, Manzano había intentado avanzar con un acuerdo de reparación integral para devolver los fondos. Ese planteo había sido rechazado en su momento por la jueza debido a su condición de imputado.

Probation y cierre de la causa

Con la nueva resolución, Manzano accedió finalmente a la suspensión de juicio a prueba. El beneficio establece como condiciones el cumplimiento de las horas de trabajo comunitario, el pago de los $2 millones y las demás reglas de conducta fijadas judicialmente.

De esta manera, al cumplir con las condiciones impuestas, se extingue la posibilidad de que la causa avance hacia un juicio oral, por lo que el dirigente vecinal evita una sentencia penal y queda encaminado el cierre definitivo del proceso judicial iniciado por la denuncia del supuesto faltante de los $13 millones.