La Justicia frenó el decreto que trababa el financiamiento universitario

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que había frenado la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno cumplir con lo que dispuso el Congreso.

La decisión fue firmada por el juez Martín Cormick, que hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Con ese fallo, quedó sin efecto el Decreto 759/2025.

En la resolución, el magistrado dispuso el “cumplimiento inmediato” de la ley y pidió dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para ponerla en marcha. El reclamo apunta a asegurar fondos para el funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

El Gobierno había intentado frenar la aplicación de la norma primero con el veto, pero el Congreso lo rechazó y sostuvo la ley. Después, el Ejecutivo sacó un decreto que condicionaba el financiamiento a que se definieran fuentes específicas y se incluyeran partidas en el presupuesto general.

Para Cormick, esa decisión “no supera un test mínimo de razonabilidad” y terminó funcionando como “un mecanismo extraconstitucional”, al habilitar una suerte de veto no previsto en la Constitución Nacional. También sostuvo que el control judicial sobre medidas con impacto presupuestario forma parte de la revisión que puede hacerse sobre el Estado.

Además, el juez puso en duda el costo fiscal que se atribuyó a la ley. Señaló que en 2024 y 2025 no hubo Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas de 2023, y citó a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó un impacto de aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado para 2025.