A través del decreto 336/21, el Gobierno nacional reglamentó este martes la ley que modificó el Impuesto a las Ganancias. Los beneficiarios de los reintegros deberán esperar por lo menos hasta julio, luego de que la AFIP publique las resoluciones correspondientes para instrumentar la aplicación de la norma.
La norma fue firmada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán y publicada este martes en el Boletín Oficial. El presidente había firmado el decreto de promulgación de la ley el 20 de abril en un acto llevado a cabo en el Museo del Bicentenario.
Quienes son beneficiarios de los reintegros son principalmente los empleados en relación de dependencia con salarios inferiores a $150.000 mensuales. Los reintegros deben aplicarse porque el impuesto a las Ganancias es de liquidación anual, más allá de los anticipos mensuales. Los cálculos deben tener en cuenta los ingresos desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre.
La nueva ley de Ganancias fija un piso de $150.000 de salario bruto mensual y se estima que cerca de 1.267.000 trabajadores en relación de dependencia dejarán de pagar el tributo. Incluye además a los jubilados que ganan menos del equivalente a 8 jubilaciones mínimas, $164.568 hasta mayo $184.645 a partir de junio.
El aguinaldo queda excluido del cálculo de la base imponible. Además se elimina el tope de deducción por hijos con discapacidad, se introduce la figura de concubino dentro de las cargas de familia y se exime del pago de horas extras o guardias al personal de salud hasta septiembre.
Se puede deducir de ganancias los gastos por compras de herramientas educativas para los hijos, así como gastos en cursos de capacitación y por movilidad y viáticos, en ambos casos hasta $ 67.071,36 anuales.
La Administración se vería beneficiada con ingresos adicionales de entre $250.000 millones y $320.000 millones, aunque el grueso de ese beneficio llegará en 2022, cuando se realicen las liquidaciones de las sociedades con los cambios establecidos.
Para 2021, con la suba del mínimo no imponible, el pago de reintegros y la menor carga para los empleados en general, se espera un costo fiscal de unos $40.000 millones.
