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Cinco gendarmes fueron detenidos como responsables de la desaparición de más de 15 kilos de cocaína que habían sido secuestrados en un operativo y que estaban en custodia en un depósito judicial del Escuadrón 63 ubicado en la ciudad bonaerense de Zárate, informaron este lunes fuentes judiciales.
Las detenciones, que afectaron al jefe del depósito y a peritos y autoridades del grupo de estudios forenses, ocurrieron tras un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del magistrado Adrián González Charvay, en el cual se detectó la sustracción y faltante de 15 paquetes de cocaína con un alto grado de pureza.
El procedimiento se realizó en el interior de las dependencias que conforman el Escuadrón 63 "Zárate-Brazo Largo" de la Gendarmería Nacional, ubicadas sobre la avenida Costanera Sur y a metros del Peaje de Zárate, luego de dos denuncias anónimas realizadas por personal de la fuerza.
Ambas acusaciones, presentadas ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, advertían el faltante de estupefacientes que habían sido secuestrados durante otra causa judicial.
Además las denuncias aseguraban que la intención de varios funcionarios era "ocultar esta situación hasta que se produjera la destrucción de los narcóticos".
En ese contexto, intervinieron en el allanamiento agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal (PFA), quienes comprobaron que el depósito, que debía contener 26 kilos de cocaína, poseía solamente 10.
Como consecuencia de ello, las autoridades procedieron a detener a cinco integrantes de la GNA, que mañana serán indagados en la sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, por el fiscal federal Sebastián Bringas y el juez Charvay.
"Todavía estamos trabajando para determinar quién de los individualizados pudo haber sustraído el material para introducirlo en la cadena de tráfico", manifestó a Télam una fuente judicial con acceso al expediente.
A su vez, otro vocero afirmó que las imputaciones que recibirán los gendarmes estarán asociadas con "su responsabilidad en la no preservación intencional de la prueba que se les pidió que conservaran" y con "la no realización de las denuncias correspondientes al verificar el faltante de los estupefacientes".
Por su parte, el fiscal Bringas le requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación el resguardo físico y personal de los denunciantes y de sus grupos familiares, mientras que pidió que la Prefectura Naval (PNA) quede a cargo de la custodia del depósito judicial.
Mientras tanto, tomó intervención a la Dirección de Asuntos Internos de la GNA, con el fin de investigar las actuaciones administrativas de rigor respecto del personal de la fuerza que pudiera estar involucrado.
Fuente: Télam
