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En el texto se plantea que los senadores pasarán a percibir 13 dietas anuales, cuando hasta el momento cobraban 12. “Establécese que a partir del mes de mayo del presente año los senadores nacionales percibirán un total de 13 dietas anuales".
"Cada una de las mismas serán equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo”, consigna el proyecto votado a mano alzada en medio de una sesión en la cual se habían votado los pliegos de seis embajadores.
El texto consigna que "el valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos de conformidad con las previsiones de la ley N° 24.600″ y que “el gasto que demande el cumplimiento de esta resolución se imputará a la partida de gastos del Honorable Senado de la Nación”.
Si bien la foto final de la votación dejó una mayoría de manos levantadas y una minoría que no lo hizo, no quedaron registros oficiales de votos negativos. Por eso la sobreactuación de indignación final de los senadores oficialistas y del PRO fue más para dejar testimonio ético que una impugnación legal sobre que había ocurrido.
De hecho, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel se apuró en aclarar que la votación fue perfectamente “legal” y que ella “no tenía herramientas para frenarlo”.
Si se hubiera llamado a una votación nominal en lugar de a mano alzada, habría quedado absolutamente claro quiénes votaron a favor y quiénes en contra, pero esto podría haber atentando contra la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar el proyecto de resolución.
La decisión de que se definiera a mano alzada fue deliberada y estratégica: tenía como objetivo evitar el riesgo de que se cayera la aprobación del aumento de dietas.
La metodología se resolvió en la reunión de Labor Parlamentaria del jueves por la mañana, que encabezó Villarruel y acompañaron los presidentes de todos los bloques, inclusive aquellos que luego expresaron que estaban en discrepancia como Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) y Luis Juez (PRO).
