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En un giro inesperado, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de Ley de Ficha Limpia, que pretendía impedir que personas con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción accedan a cargos electivos o funciones públicas. El revés legislativo provocó el festejo de la bancada kirchnerista, que se opuso desde el inicio a la iniciativa, y generó tensión dentro del oficialismo.
El proyecto necesitaba 37 votos afirmativos, pero solo logró 36 a favor y 35 en contra, por lo que no alcanzó la mayoría absoluta exigida por la Constitución para reformas electorales. El resultado fue definido por el sorpresivo cambio de postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador, quienes hasta el día anterior habían manifestado su apoyo.
Durante las casi siete horas que duró el debate, ninguno de los dos legisladores renovadores tomó la palabra. Su decisión final disparó especulaciones sobre presiones del Poder Ejecutivo para frenar la sanción del proyecto, a pesar del respaldo público del presidente Javier Milei. Según trascendió, una legisladora aliada del oficialismo reconoció que el Gobierno presionó hasta último momento para modificar el texto y devolverlo a Diputados.
"Proscripción" o ética pública
El debate estuvo marcado por las críticas de los senadores de Unión por la Patria, quienes denunciaron que la ley buscaba "proscribir" a Cristina Kirchner, condenada por corrupción en la causa Vialidad, con pena confirmada en segunda instancia.
Desde el sector promotor de la ley, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba) defendió la iniciativa: "Esto concierne a la ética pública. Es un mensaje claro a la ciudadanía sobre lo que es la política en la Argentina. Buscamos impedir el acceso a cargos para obtener fueros e impunidad".
El proyecto, ya aprobado en Diputados, modificaba la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y el Código Nacional Electoral, e incluía delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y exacciones ilegales, entre otros. La inhabilitación propuesta duraría el mismo tiempo que la condena, a partir del momento en que esta se dictara.
Un rechazo que genera sospechas
La vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado, habilitó el debate luego de dos postergaciones. La sesión se inició con la participación de La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques provinciales aliados al Gobierno. El kirchnerismo ingresó después de que se alcanzara el quórum, posicionándose firmemente en contra de la norma.
La votación y su desenlace reavivaron la tensión entre el Gobierno nacional, su coalición legislativa y los sectores más duros de la oposición, dejando en evidencia la fragilidad de los acuerdos políticos y las dudas sobre la voluntad real de sancionar medidas anticorrupción.
