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Una policía sanjuanina, identificada únicamente por sus iniciales A.C.A.P.P. para preservar la identidad de sus hijos adoptivos, fue imputada este miércoles 3 de diciembre por presuntos hechos de maltrato y abuso sexual contra los dos menores a su cargo, una niña de siete años y un nene de cinco, en su casa de Chimbas. La mujer, que se desempeñaba en el área administrativa de la Central de Policía, quedó detenida en el marco de una causa que ya tenía como primer implicado a su esposo, un gendarme que permanece bajo arresto tras las denuncias formuladas por la madre biológica y la tía materna de la imputada, quienes a su vez son abuela y madrina de la niña mayor.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal ayudante Érica Funes y fiscal Roberto Ginsberg. En la denominada audiencia de control de detención y formalización, expusieron diversos elementos que dieron origen a la investigación, entre ellos declaraciones de familiares, informes profesionales y una serie de audios atribuidos a la niña, cuyo contenido —por tratarse de víctimas menores— fue presentado de manera reservada, aunque los fiscales señalaron que describían episodios de violencia y conductas de índole sexual que habrían sido ejercidas por la imputada. Las denunciantes sostuvieron que los niños padecían violencia física reiterada y que la mayor habría relatado episodios particularmente graves, lo que motivó el avance urgente de la investigación.
Durante la audiencia, Fiscalía detalló además que, apenas surgieron las primeras denuncias, la mujer habría amenazado a las denunciantes y a otros familiares. También se indicó que, por su condición de funcionaria policial con desempeño en la Central de Policía, tenía una posición que podría facilitar el entorpecimiento de la investigación. Según expuso el Ministerio Público, la imputada incluso habría manifestado intenciones de quitarse la vida frente a los menores, situación que agrava el contexto de vulnerabilidad de las víctimas.
Los fiscales solicitaron que se ordenaran cuatro meses de prisión preventiva y ocho meses de investigación penal preparatoria. También pidieron el anticipo jurisdiccional de prueba para que los niños —ambos en proceso de guarda preadoptiva desde 2022 y próximos a obtener sentencia de adopción— puedan declarar en Cámara Gesell, sin exponerlos a nuevas situaciones traumáticas.
Por su parte, la defensa, ejercida por el abogado Manuel Gimenes Puchol, sostuvo que la mujer atraviesa problemas de salud y pidió que la prisión preventiva se cumpliera bajo la modalidad domiciliaria, en la vivienda de una amiga de la detenida. Presentó un informe médico donde se detallan patologías previas y tratamiento bajo medicación, e intentó refutar la existencia de riesgo procesal.
Finalmente, la jueza Celia Maldonado dispuso tres meses de prisión preventiva efectiva, a cumplirse en la Comisaría 28°, a pedido de la propia imputada, y fijó un plazo de ocho meses para la investigación penal preparatoria. La magistrada consideró que existía riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación y necesidad de preservar la prueba vinculada a los menores.
La uniformada quedó imputada por los delitos lesiones leves, agravadas por vínculos y abuso sexual simple, en perjuicio de la niña de 7 años de edad y amenaza simple, dos hechos, en perjuicio de la madre y la tía, en concurso real, atribuyéndole la participación en calidad de autora.
La identidad de la imputada, de su esposo y de todas las personas mencionadas en la causa se mantiene bajo estricta reserva para proteger a los niños víctimas, garantizando su integridad física, psicológica y emocional, conforme lo establece la normativa vigente.
Fuente: Diario de Cuyo
