Confirman aumento de las tarifas de energía eléctrica en San Juan: será del 10,83% y empezará a impactar desde mayo

La tarifa de la electricidad en San Juan tendrá un incremento promedio del 10,83%, luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) aprobara la nueva Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) para el período 2026–2031. La suba será inferior a la solicitada por la distribuidora Naturgy, que había requerido un aumento del 23,29%.

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución EPRE N° 80/26, tras un proceso que incluyó cinco audiencias públicas y diversas reuniones del Consejo Asesor de Acompañamiento (CAART), instancia que, según el organismo, permitió la participación de distintos sectores de la sociedad sanjuanina.

 De acuerdo a lo informado, el incremento será del 10,83% para los usuarios en general, mientras que en el caso del sector residencial el aumento promedio será levemente menor, del 10,56%. El EPRE fundamentó la medida en el criterio de "mínimo costo razonable", con el objetivo de atenuar el impacto tarifario sobre los usuarios.

Además, el organismo regulador rechazó el pedido de Naturgy para recalcular la Base de Capital, modificación que hubiera elevado el costo sobre el cual se determina la tarifa. Según el EPRE, aceptar ese planteo habría implicado un aumento injustificado para los consumidores.

Entre los ejes del nuevo esquema se encuentra la puesta en marcha del Mecanismo de Control con Indicadores de Desempeño (MCID), que vincula incentivos económicos a mejoras en la calidad del servicio. Durante el primer semestre de 2026 se aplicará una etapa de "marcha blanca" para ajustar su funcionamiento.

También se avanzó en la regulación de la generación distribuida, estableciendo que los usuarios que generan energía deberán afrontar los costos de red asociados al uso del sistema eléctrico. No obstante, como incentivo, el EPRE resolvió no cobrar cargos sobre la potencia inyectada, para fomentar el desarrollo de energías renovables.

La resolución contempla además un proceso de modernización del sistema eléctrico, que incluye la incorporación progresiva de medición inteligente, un rediseño de la factura para facilitar la comprensión del consumo y la creación del Factor de Incentivo para la Modernización y Calidad del Abastecimiento (FIMCA).

En cuanto al impacto en el bolsillo de los usuarios, el EPRE dispuso una medida de contención: los nuevos valores se aplicarán a los consumos registrados desde el 1 de marzo de 2026, por lo que el aumento recién se verá reflejado en las facturas con vencimiento en mayo, sin contemplar los meses de mayor demanda por calor.

Finalmente, el organismo fijó una tasa de rentabilidad del 9,76% real, descartó la inclusión del "riesgo país" solicitada por la empresa y aprobó un plan de inversiones en infraestructura eléctrica con una proyección de diez años.