INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que en 2025 más de 50,6 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país, lo que constituye el nivel más alto registrado hasta ahora, marcando un aumento del 9% respecto a 2023 y un 12% respecto al año anterior.
Desde la administración de Milei atribuyen este crecimiento del tráfico aéreo parcialmente a la política de cielos abiertos, que facilitó la entrada de nuevas aerolíneas a un mercado que históricamente estuvo regulado. Este cambio comenzó a mediados de 2024 con la modificación del Código Aeronáutico y la consecución de una desregulación progresiva del sector aerocomercial.
Un elemento central de esta política fue la apertura del negocio de servicios de rampa, que es crucial para las operaciones diarias en los aeropuertos, incluyendo asistencia en tierra, operaciones de despegue y aterrizaje, así como el embarque, desembarque y manejo de equipaje.
Hasta ahora, la mayor parte de estas actividades continúa concentrada en Intercargo, una empresa estatal dependiente del Ministerio de Economía, que presta servicios a la mayoría de las aerolíneas que operan en el país. Su predominancia se observa especialmente en Aeroparque, donde incluso las compañías con autoprestación dependen de su estructura.
La desregulación buscó introducir competencia en los servicios de rampa mientras se definía el futuro de la empresa estatal. En marzo de 2025, el Poder Ejecutivo autorizó la venta total de las acciones de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional, en línea con la política de disminuir la participación estatal en empresas operativas.
Entre 2020 y 2023, Intercargo recibió asistencia financiera por 6.700 millones de pesos para mantener sus operaciones y estándares de calidad y seguridad. A principios de 2024, estos aportes se suspendieron como parte de la estrategia para reducir el déficit fiscal.
El plan inicial era completar la privatización antes de finalizar 2025, aunque el proceso ha avanzado a un ritmo más lento. Según fuentes del sector, el ministro de Economía, Luis Caputo, había estimado el valor de venta en 30 millones de dólares, pero aún no se concretó la operación.
En julio de 2025, el Gobierno designó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para coordinar la privatización, estableciendo un plazo de ocho meses y asignando a una entidad bancaria pública la tasación de las acciones, con marzo de 2026 como fecha límite para completar la transferencia.
Paralelamente, el Ejecutivo autorizó a 11 compañías a ofrecer servicios de asistencia en tierra para eliminar la exclusividad de Intercargo. La normativa permite a las aerolíneas elegir a su proveedor de rampa o realizar autoprestación.
Las empresas habilitadas son: American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina y Crossracer Ramp.
Mientras Swissport y MNZS ya operan en el país, algunas empresas como Jet Handling FBO y Global Protection Service tienen experiencia en vuelos privados o de carga. El resto aún no brinda servicios debido a barreras económicas más que regulatorias, pues requieren inversiones importantes en maquinaria y equipamiento con plazos de recuperación largos y márgenes de ganancia limitados.
Actualmente, cada aeropuerto debe realizar estudios de factibilidad antes de aceptar nuevos operadores. En terminales con alta demanda, como Aeroparque, esta evaluación contribuye a retrasar la llegada de nuevos competidores. De este modo, aunque Intercargo sigue bajo control estatal y la privatización está pendiente, el mercado de servicios de rampa se abre formalmente sin cambiar sustancialmente la operación diaria.
