INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLos fiscales Diego Luciani y Sergio Mola requirieron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles pertenecientes a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido el departamento donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.
En detalle, pidieron el decomiso de 141 inmuebles —13 vinculados a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades relacionadas con Báez—, 46 vehículos, así como montos en dólares y pesos en cajas de seguridad y cuentas bancarias a nombre de Florencia Kirchner. Argumentaron que, pese a estar obligados a depositar una suma millonaria por la defraudación a la Administración pública, aún no se realizó ningún pago y los plazos vencieron hace meses.
Los fiscales indicaron que tanto Cristina Kirchner como Báez continúan dilatando el proceso de recuperación de activos ordenado por sentencia firme, evidenciando una falta de arrepentimiento y un desafío al principio de igualdad ante la ley.
A los bienes solicitados en noviembre —que incluían propiedades de Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner y sociedades vinculadas— se suman ahora estos 141 inmuebles nuevos, alcanzando un total de 252 propiedades. Entre ellas destacan inmuebles asociados a Los Sauces SRL y Hotesur SA, como el departamento en San José 1111, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde cumple su condena la expresidenta, y el hotel La Aldea en El Chaltén, Santa Cruz.
Respecto a las propiedades de Báez, también reclaman varias casas ubicadas en Ayres de Pilar y Pinamar, dos de los barrios privados más exclusivos de la provincia de Buenos Aires.
Los fiscales subrayaron que muchos condenados poseen fortunas de opulencia desproporcionada, suficientes para iniciar el proceso de recupero de activos fruto de actos de corrupción cometidos durante más de una década.
Por ello, el Ministerio Público Fiscal mantendrá su esfuerzo constante para ejecutar los bienes y activos identificados, según los parámetros fijados por el tribunal, hasta cubrir el monto defraudado.
Finalmente, concluyeron que para erradicar la impunidad de los corruptos es esencial emplear todos los mecanismos legales disponibles que permitan recuperar los activos originados en delitos vinculados a la gran corrupción.
