La CGT considera un paro general durante el debate de la reforma laboral en Diputados

“El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso. Esta versión, sin embargo, fue desmentida por allegados al triunvirato cegetista: “Sus 3 integrantes tienen decidido el paro y se anticipó la reunión de Consejo Directivo porque la sesión en la Cámara de Diputados se puede adelantar también”.

 El sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.
 El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25.
 Aunque el ánimo de los líderes cegetistas oscila entre la resignación y el pesimismo, hay cierta expectativa en que la resistencia que surgió entre algunos aliados del oficialismo a votar cambios de último momento en el texto (como el referido a accidentes de trabajo o al cobro de los sueldos mediante las billeteras digitales) pueda obligar a que la reforma laboral no se apruebe en la Cámara de Diputados y tenga que volver al Senado.
 “El Gobierno fue desprolijo al incluir artículos que no fueron consensuados y ahora vamos a trabajar para que el proyecto tenga más modificaciones o quede trabado en el Congreso”, admitió a Infobae un directivo cegetista, con la mente puesta en insistir ante sus mejores interlocutores libertarios para corregir puntos de la iniciativa que “lesionan los derechos de los trabajadores”.
 En la CGT creen que fue importante haber logrado dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, que les permitirán sostener el financiamiento de “la caja sindical” y del sistema de salud de los gremios, pero irá por más.
 Los sindicalistas ponen en la mira los cambios vinculados con el derecho individual, como las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones, pero también otros referidos al derecho colectivo, como la estricta regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales y la limitación a las asambleas sindicales.
 En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional".
 Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT:
 “Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”.
 “Existen principios de jerarquía constitucional como el de progresividad y no regresión que buscan que la legislación del trabajo avance mejorando las condiciones y la tutela de los trabajadores”.
 “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó claramente que toda reforma laboral debe ser tripartita”.
 “Por todo eso creemos posible que la justicia la declare inconstitucional. Este proyecto generará mas litigiosidad".
 Algunos dirigentes de la CGT apuestan a que diputados del PRO y de partidos provinciales se rebelen contra la Casa Rosada e impulsen modificaciones en el texto aprobado en el Senado: en el partido de Mauricio Macri están disconformes porque se impide que los trabajadores perciban sus salarios a través de billeteras digitales.
 Pero, sobre todo, crece el malestar en distintos bloques legislativos por un cambio de último momento que votaron los senadores y que reduce los montos para pagar los salarios en caso de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.
 Aunque ese polémico artículo estuvo por debajo del radar político, quien lo puso en un primer plano fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien al día siguiente de la sanción del Senado explicó por radio: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó.
 “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas -resaltó-porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”.
 Sobre este punto, el informe de la CGT sostiene: “Agrava la situación del trabajador que se enferma o se accidenta por motivo ajeno al trabajo al obligarle a transitar la enfermedad con una importante baja salarial (50% si la enfermedad o accidente es consecuencia de actividad voluntaria y consciente, y 75% si no es consecuencia de actividad voluntaria y consciente). Con ello afecta el bolsillo del trabajador en momentos que tiene gastos adicionales derivados de su condición medica”.
 Con este tipo de argumentos, la CGT tenía previsto mantener contactos con distintos bloques parlamentarios para advertirles sobre los riesgos de aprobar el proyecto tal como vino del Senado.
 Aunque la mayoría de la cúpula cegetista desestimaba un paro general, las presiones del ala dura sindical para profundizar las protestas con huelgas y marchas obligaron a revisar la estrategia y apuntar a una huelga de 24 horas cuando el proyecto se trate en Diputados.
 La misma estrategia moderada se aplicó antes del debate de la reforma laboral en el Senado ya que la conducción cegetista defendió la propuesta de movilizarse al Congreso el miércoles pasado, sin paro alguno, mientras que los sindicatos del transporte plantearon un cese de actividades de 12 horas y La Fraternidad, de 48 horas.
 Ahora, tras los graves incidentes con piedras y bombas molotov, hay dirigentes que no quieren llamar a otra marcha similar para que la CGT no quede asociada con la violencia, aunque podrían aceptar un paro para expresar de manera contundente su rechazo al proyecto.
 Pero hay un sector combativo que ya tomó la iniciativa y se anticipó a la CGT: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) anunció un paro con movilización al Congreso cuando la reforma laboral se debata en Diputados.
 Se trata del polo sindical ultraopositor que integran la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, entre otros, cuyo endurecimiento incomoda a la CGT. Algunos dirigentes cegetistas creen que las amenazas del aceitero Daniel Yofra llamando a “prender fuego el país” o las provocaciones del estatal Rodolfo Aguiar, quien pidió “construir un clima de mayor hostilidad para los diputados" contribuyen a generar un escenario propicio para la violencia callejera.
 

Este frente radicalizado podría tener aliados como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y que también integra el ala dura sindical, donde proponen no hacer una medida aislada sino un plan de lucha con paros progresivos y por sectores para que la protesta tenga más impacto.